LA DESIGUALDAD SOCIAL SE DISPARA PESE AL ÉXITO DE LA ECONOMÍA PERUANA

LA POBREZA SE HA REDUCIDO CON ALAN GARCÍOAQ, PERO NO LAS DIFERENCIAS REGIONALES.

"El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro". La frase, que se ha atribuido al naturalista italiano del siglo XIX Antonio Raimondi cuando al parecer es un dicho popular de más larga data, representa el sentimiento que ha dominado la campaña de las presidenciales.

La frustración popular ante la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza ha sido el combustible que ha impulsado al nacionalista Ollanta Humala y la populista Keiko Fujimori en las encuestas. Y es que a pesar de que el país ha crecido en torno al 7% anual durante los últimos cinco años, un récord en América Latina, a unos pocos kilómetros de Lima mucha gente carece de agua potable, come solo lo que cultiva y defeca en agujeros en la tierra.

Una mujer quechua deposita su voto en un colegio electoral en Cuzco. Un reciente conflicto minero ha mostrado que la bonanza "Si hasta el Banco Mundial nos ha dicho que debemos hacer reformas para que el crecimiento económico también beneficie a los más pobres… Se da cuenta, el Banco Mundial diciéndonos que debemos tener política social", dice el analista político Sinesio López, exprofesor de Humala y amigo del candidato, quien a pesar de apoyar al exmilitar, no oculta que le preocupa un poco su ramalazo autoritario.

Hace apenas dos semanas, el Banco Mundial instó al futuro Gobierno peruano a desarrollar políticas públicas que trasladen la riqueza a los sectores menos favorecidos. Es por la falta de estas medidas que el presidente Alan García deja el poder con la popularidad por los suelos pese al recorte de la pobreza. Aunque el nivel de pobreza a escala nacional, el porcentaje de personas situadas bajo el umbral de la pobreza, ha bajado del 48,6% al 34,3% entre 2004 y 2009, las diferencias regionales son brutales. Mientras en las zonas urbanas la pobreza está por debajo de la media, en las rurales supera con creces el índice.

Esta brecha se nota mucho en la educación, donde el fracaso escolar del niño que va a la escuela en el campo está prácticamente garantizado. El caso de la salud es igualmente escandaloso: mientras en regiones andinas como Apurímac, Puno y Cuzco hay dos médicos por cada 10.000 habitantes, en Lima hay 28. Todo esto explica por qué Perú ocupa el puesto 13 de 17 países latinoamericanos en el índice de la ONU que mide la igualdad de oportunidades.

El reciente conflicto minero en la localidad arequipeña de Islay se coló en la campaña para recordar a los dirigentes peruanos que no todo el mundo percibe la bonanza del sector estrella de la economía. Tras 17 días de protesta y tres muertos, el Gobierno canceló una explotación minera como exigían los agricultores de la zona, que temían que la contaminación medioambiental convirtiera sus tierras en un erial. Aunque los Gobiernos regionales y locales reciben un 50% de los impuestos que pagan las empresas mineras al Estado, la falta de proyectos de inversión o el despilfarro acentúan el rechazo de la población en muchas zonas del país hacia la minería.

La región de Cuzco, por ejemplo, que recibe casi mil millones de dólares al año en concesiones mineras, tiene un índice de subdesarrollo apabullante. Para muchos expertos, antes de aumentar los impuestos a las empresas mineras —tema que se debatió en la campaña—, hay que atajar el problema de la canalización de la renta. En Perú hay una enorme fragmentación de competencias entre las diferentes autoridades —nacionales, regionales, locales— y un sistema de asignación de los recursos sometido al chovinismo de los dirigentes políticos. Y aunque ha habido varios intentos de integración regional para aumentar la eficiencia administrativa y de los recursos, todos quedaron truncos. Lima, a pesar de su riqueza, sirve como muestra de la dispersión política: aparte de un alcalde mayor, cada uno de los 42 distritos de la capital tiene su propio alcalde, sus propios consejeros, presupuestos e impuestos, su sistema de recogida de basuras, y decide sus normas urbanísticas. Todo eso en una ciudad de ocho millones de habitantes que incluye El Callao, que es otra provincia con sus propias normas.