miércoles, 21 de julio de 2010

FUE EXPRESADA EN EL OFICIO N° 158-2010-PR

GOBIERNO OBSERVÓ LEY DE ELECCIÓN DIRECTA DE RECTORES
El Ejecutivo observó la autógrafa de la Ley que establece la elección directa y universal de las autoridades universitarias. Considera que puede abrir las puertas a una permanente movilización política y al desorden en dichas casas de estudio.
Dicha posición fue expresada en el oficio 158-2010-PR, remitido en las últimas horas al Congreso.
De acuerdo con las objeciones planteadas por el Poder Ejecutivo, el mecanismo de elección directa y universal del rector y decanos de las universidades, podría ocasionar una competencia permanente de apetitos, movilizaciones, partidos internos y desorden.
El documento indica que cualquier medida legal que politice la elección de las autoridades universitarias, conspira contra los fines propios que la Constitución Política ha previsto para esas casas de estudio.
“Desde la óptica política, la elección universal puede ser una alternativa idónea para elegir autoridades en el caso de instituciones políticas, como los partidos políticos, donde la legitimidad del liderazgo debe sustentarse razonablemente en la popularidad de los líderes”, indica el oficio.
Señala, en ese sentido, que las universidades no son entidades políticas y por consiguiente no buscan esa clase de fines.
El oficio también advierte que la autógrafa observada disponía arbitrariamente que la vacancia del rector recaiga también sobre los vicerrectores, sin que haya existido una causal de sanción para los mismos.
“Con lo cual se afectaría aún más la continuidad de las labores administrativas, de investigación académica y científica de los centros superiores de estudios”.
Asimismo, se objeta que la autógrafa modifique el artículo 28° de la Ley Universitaria, en lo que respecta a la presentación del tercio estudiantil, al integrarlo por estudiantes de pre y post grado.
Según el Poder Ejecutivo, ello desnaturaliza el concepto de los estudiantes contenido en el artículo 55 de la Ley Universitaria, que reconoce como tales quienes han aprobado el nivel de educación secundaria, han cumplido con los requisitos establecidos para su admisión en la universidad y se han matriculado en ella.
De igual manera, se cuestiona la propuesta de conformación del Consejo Universitario.(Andina).

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