REQUISA EN CELDA DE MARITZA GARRIDO LECCA FUE UNA FARSA
El 24 de junio pasado, cuando el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, mostró los cuatro USB, dos disquet y dos chips de celulares incautados en la celda de Maritza Garrido Lecca para luego anunciar la reevaluación de los pedidos de beneficios de las presas por terrorismo, olvidó informar que ya había sido archivado el expediente de liberta
d condicional de la bailarina que escondió en su vivienda al cabecilla senderista, Abimael Guzmán.
Informes del Consejo Técnico Penitenciario del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, a los que tuvo acceso El Comercio, prueban que Rodríguez Rabanal conocía esta información desde el 18 de junio e incluso —horas antes de la requisa — se le informó que los recursos de reconsideración de Maritza Garrido Lecca y Victoria Trujillo Agurto, integrante de la cúpula de Sendero Luminoso (SL), también fueron rechazados.
En realidad, lo que impidió que ellas se acogieran a los beneficios penitenciarios del Decreto Legislativo 927 (solicitudes presentadas antes del 15 de octubre del 2009), como lo hizo la emerretista Lori Berenson, fue que ambas figuraban aún con procesos pendientes en el Juzgado Penal de Turno Permanente. Ello hizo que no prosperaran sus solicitudes, de acuerdo con los informes legales de sus casos.
El expediente de Nancy Gilvonio Conde, viuda del líder emerrestista Néstor Cerpa Cartolini, era el único que había sido aprobado en paralelo con el de Berenson, pero se encontraba desde hace dos meses en revisión.
CONTENIDO DESCONOCIDO
Lo que extrañamente tampoco dijo Rodríguez Rabanal cuando mostró a la prensa los USB de Maritza Garrido Lecca (sin que aún los fiscales levantaran un acta de incautación) fue que el INPE permite el uso de dichos dispositivos a 32 internas de ese penal que desde el 2006 cursan carreras de educación a distancia en universidades e institutos del país.
En la relación de alumnas figuran Garrido Lecca y otras presas por terrorismo como Elena Iparraguirre, Margi Clavo, Lucero Cumpa y Zulma Peña. También está Elizabeth Espino Vásquez, “Elita”, procesada por el asesinato de su madre, la contadora Elizabeth Vásquez.
En el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos funciona una sala de computación (sin acceso a Internet) donde las presas sujetas a un régimen penitenciario ordinario realizan sus tareas y pueden usar USB y disquetes bajo supervisión. Pero ¿qué contienen los USB incautados a Garrido Lecca? Desde hace tres semanas, la fiscal supraprovincial Edith Chamorro Bermúdez y agentes de la Dircote, a cargo de la investigación, mantienen completa reserva sobre ello.
EL PROCEDIMIENTO
No solo información relevante omitió el presidente del INPE cuando encabezó la extraordinaria requisa a las 77 presas del pabellón B (42 por terrorismo y 35 por delitos comunes), en la que participaron 100 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, 50 policías de la Dirección contra el Terrorismo y tres fiscales de turno.
La abogada Gloria Estrada, quien hasta ese momento era directora del penal de Chorrillos, denunció que dicho personal ingresó sin que se le hiciera una revisión corporal (como se exige en el Reglamento General de Seguridad del INPE) por orden expresa de Rodríguez Rabanal, mientras ella fue impedida de presenciar la intervención.
¿Por qué el jefe del INPE se olvidó de proceder conforme al Código de Ejecución Penal y del reglamento general de seguridad si con ello arriesgaba la transparencia de la requisa?
Además, aunque el INPE informó en un comunicado que todo el personal de seguridad sería cambiado desde el 1 de julio, este Diario verificó que 80 agentes fueron ratificados en sus cargos sin sanción alguna.
Las únicas separadas fueron la directora Estrada, reemplazada por Carmen Nole, y la psicóloga Nelly Aquino, quien de la jefatura del Órgano Técnico de Tratamiento (donde se evalúa a las reclusas) fue derivada al área de seguridad del penal de Piedras Gordas.
TIENEN RÉGIMEN ORDINARIO
El Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos se creó en los noventa para albergar solo a las presas por terrorismo. Por ello funcionó al comienzo como una prisión de máxima seguridad, pero luego el INPE lo convirtió en una cárcel de régimen ordinario con un solo pabellón especial de máxima seguridad, donde están las internas que no muestran avances en sus conductas dentro de la prisión.
Actualmente, de las 207 reas solo 19 están sujetas a un régimen especial. Una de ellas es Ernestina Hinostroza Canchari, ex conviviente del senderista Óscar Ramírez Durand alias “Feliciano”, quien está condenada a 21 años de prisión por terrorismo y aún en la cárcel no muestra arrepentimiento. Ella se declara miembro de la facción Proseguir de SL, insiste en la lucha armada y es la que tiene más enfrentamientos verbales con las presas que dicen estar del lado del acuerdo de paz planteado por Guzmán.
La mayoría de internas por terrorismo de este penal están sujetas hoy a un régimen ordinario de mínima seguridad. Ello quiere decir que tienen acceso al patio desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y están inscritas en actividades educativas, deportivas y culturales del penal.
EVADIÓ PREGUNTAS Y NO FUE CLARO
Aunque rechazó todas las solicitudes de entrevista de El Comercio, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, fue abordado en una actividad pública el pasado viernes 16 de julio.
Se mostró reacio a contestar todas nuestras preguntas, pero confirmó sin entrar en detalles que las solicitudes de beneficios de libertad condicional presentadas por todas las presas por terrorismo ya han sido archivadas.
“Son pocas, no recuerdo de quiénes son, pero todas han sido denegadas”, dijo escuetamente.
Rodríguez Rabanal también reconoció que no se ha cambiado ni sancionado hasta la fecha al personal de seguridad del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, pero aseguró que este proceso se hará desde el 1 de agosto.
Lo que el presidente del INPE negó sin dar mayores argumentos fue haber ordenado el 24 de junio el ingreso de 150 personas al penal de Chorrillos sin que previamente estas fueran revisadas.
MÁS DATOS
Su sentencia
La sentencia a 20 años de prisión de Maritza Garrido Lecca, dictada en el 2005, aún no ha sido inscrita en el registro del INPE. Esto impidió que se acogiera al beneficio de libertad condicional.
EL PLAZO
La fiscal supraprovincial Edith Chamorro tiene un plazo de 30 días (que se cumple el 24 de julio) para realizar las diligencias de su investigación sobre la televisada requisa.
El 24 de junio pasado, cuando el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, mostró los cuatro USB, dos disquet y dos chips de celulares incautados en la celda de Maritza Garrido Lecca para luego anunciar la reevaluación de los pedidos de beneficios de las presas por terrorismo, olvidó informar que ya había sido archivado el expediente de liberta
d condicional de la bailarina que escondió en su vivienda al cabecilla senderista, Abimael Guzmán.Informes del Consejo Técnico Penitenciario del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, a los que tuvo acceso El Comercio, prueban que Rodríguez Rabanal conocía esta información desde el 18 de junio e incluso —horas antes de la requisa — se le informó que los recursos de reconsideración de Maritza Garrido Lecca y Victoria Trujillo Agurto, integrante de la cúpula de Sendero Luminoso (SL), también fueron rechazados.
En realidad, lo que impidió que ellas se acogieran a los beneficios penitenciarios del Decreto Legislativo 927 (solicitudes presentadas antes del 15 de octubre del 2009), como lo hizo la emerretista Lori Berenson, fue que ambas figuraban aún con procesos pendientes en el Juzgado Penal de Turno Permanente. Ello hizo que no prosperaran sus solicitudes, de acuerdo con los informes legales de sus casos.
El expediente de Nancy Gilvonio Conde, viuda del líder emerrestista Néstor Cerpa Cartolini, era el único que había sido aprobado en paralelo con el de Berenson, pero se encontraba desde hace dos meses en revisión.
CONTENIDO DESCONOCIDO
Lo que extrañamente tampoco dijo Rodríguez Rabanal cuando mostró a la prensa los USB de Maritza Garrido Lecca (sin que aún los fiscales levantaran un acta de incautación) fue que el INPE permite el uso de dichos dispositivos a 32 internas de ese penal que desde el 2006 cursan carreras de educación a distancia en universidades e institutos del país.
En la relación de alumnas figuran Garrido Lecca y otras presas por terrorismo como Elena Iparraguirre, Margi Clavo, Lucero Cumpa y Zulma Peña. También está Elizabeth Espino Vásquez, “Elita”, procesada por el asesinato de su madre, la contadora Elizabeth Vásquez.
En el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos funciona una sala de computación (sin acceso a Internet) donde las presas sujetas a un régimen penitenciario ordinario realizan sus tareas y pueden usar USB y disquetes bajo supervisión. Pero ¿qué contienen los USB incautados a Garrido Lecca? Desde hace tres semanas, la fiscal supraprovincial Edith Chamorro Bermúdez y agentes de la Dircote, a cargo de la investigación, mantienen completa reserva sobre ello.
EL PROCEDIMIENTO
No solo información relevante omitió el presidente del INPE cuando encabezó la extraordinaria requisa a las 77 presas del pabellón B (42 por terrorismo y 35 por delitos comunes), en la que participaron 100 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, 50 policías de la Dirección contra el Terrorismo y tres fiscales de turno.
La abogada Gloria Estrada, quien hasta ese momento era directora del penal de Chorrillos, denunció que dicho personal ingresó sin que se le hiciera una revisión corporal (como se exige en el Reglamento General de Seguridad del INPE) por orden expresa de Rodríguez Rabanal, mientras ella fue impedida de presenciar la intervención.
¿Por qué el jefe del INPE se olvidó de proceder conforme al Código de Ejecución Penal y del reglamento general de seguridad si con ello arriesgaba la transparencia de la requisa?
Además, aunque el INPE informó en un comunicado que todo el personal de seguridad sería cambiado desde el 1 de julio, este Diario verificó que 80 agentes fueron ratificados en sus cargos sin sanción alguna.
Las únicas separadas fueron la directora Estrada, reemplazada por Carmen Nole, y la psicóloga Nelly Aquino, quien de la jefatura del Órgano Técnico de Tratamiento (donde se evalúa a las reclusas) fue derivada al área de seguridad del penal de Piedras Gordas.
TIENEN RÉGIMEN ORDINARIO
El Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos se creó en los noventa para albergar solo a las presas por terrorismo. Por ello funcionó al comienzo como una prisión de máxima seguridad, pero luego el INPE lo convirtió en una cárcel de régimen ordinario con un solo pabellón especial de máxima seguridad, donde están las internas que no muestran avances en sus conductas dentro de la prisión.
Actualmente, de las 207 reas solo 19 están sujetas a un régimen especial. Una de ellas es Ernestina Hinostroza Canchari, ex conviviente del senderista Óscar Ramírez Durand alias “Feliciano”, quien está condenada a 21 años de prisión por terrorismo y aún en la cárcel no muestra arrepentimiento. Ella se declara miembro de la facción Proseguir de SL, insiste en la lucha armada y es la que tiene más enfrentamientos verbales con las presas que dicen estar del lado del acuerdo de paz planteado por Guzmán.
La mayoría de internas por terrorismo de este penal están sujetas hoy a un régimen ordinario de mínima seguridad. Ello quiere decir que tienen acceso al patio desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y están inscritas en actividades educativas, deportivas y culturales del penal.
EVADIÓ PREGUNTAS Y NO FUE CLARO
Aunque rechazó todas las solicitudes de entrevista de El Comercio, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Rubén Rodríguez Rabanal, fue abordado en una actividad pública el pasado viernes 16 de julio.
Se mostró reacio a contestar todas nuestras preguntas, pero confirmó sin entrar en detalles que las solicitudes de beneficios de libertad condicional presentadas por todas las presas por terrorismo ya han sido archivadas.
“Son pocas, no recuerdo de quiénes son, pero todas han sido denegadas”, dijo escuetamente.
Rodríguez Rabanal también reconoció que no se ha cambiado ni sancionado hasta la fecha al personal de seguridad del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, pero aseguró que este proceso se hará desde el 1 de agosto.
Lo que el presidente del INPE negó sin dar mayores argumentos fue haber ordenado el 24 de junio el ingreso de 150 personas al penal de Chorrillos sin que previamente estas fueran revisadas.
MÁS DATOS
Su sentencia
La sentencia a 20 años de prisión de Maritza Garrido Lecca, dictada en el 2005, aún no ha sido inscrita en el registro del INPE. Esto impidió que se acogiera al beneficio de libertad condicional.
EL PLAZO
La fiscal supraprovincial Edith Chamorro tiene un plazo de 30 días (que se cumple el 24 de julio) para realizar las diligencias de su investigación sobre la televisada requisa.
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