RESTITUCIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO 
El pasado 24 de julio se cumplió un siglo desde que en 1911 el expedicionario estadounidense Hiram Binghman, con ayuda de planos y dibujos de pobladores cusqueños, y guiado con su expedición por el guardián del l
ugar, Melchor Arteaga, llegara a la montaña en cuya cima, en el siglo XV, fue construida la ciudadela inca de Machu Picchu. En dicho lugar instaló una base de campaña para iniciar una serie de investigaciones, sumándose en 1912 nuevas expediciones con el patrocinio de la Universidad de Yale de EE UU (UY).
En octubre de 1912 el gobierno autorizó, por un año, el envío de piezas arqueológicas del santuario –sin inventario ni control alguno– para ser estudiadas en la UY, sin embargo al cumplirse el plazo no las devolvió. Después de más de tres años –en enero de 1916–, a pedido de la universidad, se le amplió seis meses el plazo, pero tampoco cumplió. Ha pasado casi un siglo y se sigue negando a devolverlas. Según crónicas de la época, miles de piezas –se calculaba unas 5,000–, en cientos de bultos, eran bajadas en mulas hasta Ollantaytambo y trasladadas al Cusco para embarcarlas en tren al puerto de Mollendo, y de allí a EE UU, hasta la UY
.
Recién en el año 2003, después de más de 90 años, el Perú inició las gestiones para recuperar las piezas arqueológicas, efectuándose en agosto de 2005 las primeras conversaciones con la UY. Con ley 28778 del 12 de julio de 2006 se nombra una Comisión de Alto Nivel para buscar su repatriación, la cual delegó las acciones en un equipo negociador presidido por Hernán Garrido Lecca y conformado por Cecilia Bákula y funcionarios de RR EE., el cual, en setiembre de 2007, informó que la UY devolvería las piezas entre enero y febrero de 2008, lo cual nunca ocurrió.
En abril de 2008 una comisión del Instituto Nacional de Cultura (INC) constató que se trataban de 46,332 piezas distribuidas en más de 5,000 lotes, entre cerámicas, piedras, fragmentos y restos óseos, que la UY retiene en su museo Peabody para uso exclusivo de sus estudiantes de arqueología. Finalmente, en diciembre de 2008 el Perú presentó una demanda judicial contra la UY conteniendo 17 acusaciones, pero en marzo de 2010, inexplicablemente, el gobierno retiro 6 de ellas.
Bajo este panorama, por desidia del Estado peruano la UY ha mantenido en posesión ilegal por casi un siglo nuestro patrimonio prehispánico extraído del Santuario Arqueológico de Machu Picchu. El gobierno debe desplegar su máximo esfuerzo, y todos los peruanos debemos promover una cruzada nacional, para conseguir la repatriación de dichas piezas que pertenecen a la herencia cultural de nuestro pueblo.
El pasado 24 de julio se cumplió un siglo desde que en 1911 el expedicionario estadounidense Hiram Binghman, con ayuda de planos y dibujos de pobladores cusqueños, y guiado con su expedición por el guardián del l
ugar, Melchor Arteaga, llegara a la montaña en cuya cima, en el siglo XV, fue construida la ciudadela inca de Machu Picchu. En dicho lugar instaló una base de campaña para iniciar una serie de investigaciones, sumándose en 1912 nuevas expediciones con el patrocinio de la Universidad de Yale de EE UU (UY).En octubre de 1912 el gobierno autorizó, por un año, el envío de piezas arqueológicas del santuario –sin inventario ni control alguno– para ser estudiadas en la UY, sin embargo al cumplirse el plazo no las devolvió. Después de más de tres años –en enero de 1916–, a pedido de la universidad, se le amplió seis meses el plazo, pero tampoco cumplió. Ha pasado casi un siglo y se sigue negando a devolverlas. Según crónicas de la época, miles de piezas –se calculaba unas 5,000–, en cientos de bultos, eran bajadas en mulas hasta Ollantaytambo y trasladadas al Cusco para embarcarlas en tren al puerto de Mollendo, y de allí a EE UU, hasta la UY
.Recién en el año 2003, después de más de 90 años, el Perú inició las gestiones para recuperar las piezas arqueológicas, efectuándose en agosto de 2005 las primeras conversaciones con la UY. Con ley 28778 del 12 de julio de 2006 se nombra una Comisión de Alto Nivel para buscar su repatriación, la cual delegó las acciones en un equipo negociador presidido por Hernán Garrido Lecca y conformado por Cecilia Bákula y funcionarios de RR EE., el cual, en setiembre de 2007, informó que la UY devolvería las piezas entre enero y febrero de 2008, lo cual nunca ocurrió.
En abril de 2008 una comisión del Instituto Nacional de Cultura (INC) constató que se trataban de 46,332 piezas distribuidas en más de 5,000 lotes, entre cerámicas, piedras, fragmentos y restos óseos, que la UY retiene en su museo Peabody para uso exclusivo de sus estudiantes de arqueología. Finalmente, en diciembre de 2008 el Perú presentó una demanda judicial contra la UY conteniendo 17 acusaciones, pero en marzo de 2010, inexplicablemente, el gobierno retiro 6 de ellas.
Bajo este panorama, por desidia del Estado peruano la UY ha mantenido en posesión ilegal por casi un siglo nuestro patrimonio prehispánico extraído del Santuario Arqueológico de Machu Picchu. El gobierno debe desplegar su máximo esfuerzo, y todos los peruanos debemos promover una cruzada nacional, para conseguir la repatriación de dichas piezas que pertenecen a la herencia cultural de nuestro pueblo.
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