PRORROGAN NUEVAMENTE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DE 2007, PERO EL ESTADO INCUMPLE SU RESPONSABILIDAD.

Mediante el Decreto Supremo N° 061-2009-PCM, prorrogó por 60 días el estado de emergencia en el departamento de Ica; las provincias de Castrovirreyna y Huaytará, así como en los distritos de Acobambilla y Manta, en Huancavelica; y las provincias limeñas de Cañete y Yauyos, afectados por el terremoto del 15 de agosto de 2007.
La prorroga del estado de emergencia fue emitido por el Ejecutivo, dispositivo publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Sin embargo dicha norma legal solo demuestra formalismo por el poder ejecutivo puesto la ayuda a los damnificados y el aumento de la pobreza a consecuencia del terremoto 15 de Agosto 2007 no llega, el gobierno central piensa que con la norma legales esta favoreciendo a la población necesitada, hecho que no es cierto puesto con esa actitud irresponsable transfiere su responsabilidad a los gobiernos Regionales, a los gobiernos Provinciales y locales, quienes tienen que afrontar todo el peso a pesar del recorte de Foncomun, Canon y el sobre canon.
En fin la norma precisa que el plazo de la declaratoria de estado de emergencia venció el 7 de septiembre último; sin embargo, considera que es necesario prorrogar dicha medida con el fin de continuar las acciones destinadas a la atención de los damnificados, a la reducción y minimización de los riesgos existentes y a la rehabilitación de las zonas afectadas. Dichas acciones continuarán siendo ejecutadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los ministerios de Agricultura, Salud, Transportes y Comunicaciones, Educación, Energía y Minas, Defensa, y Vivienda, Construcción y Saneamiento.
También los portafolios de Trabajo y Promoción del Empleo, de la Producción, de la Mujer y Desarrollo Social, y Economía y Finanzas, así como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), EsSalud y los gobiernos locales y regionales de las zonas declaradas en emergencia.
El decreto supremo lleva las rúbricas del presidente de la República, Alan García Pérez; del titular de la PCM, Javier Velásquez Quesquén; y de los ministros de los sectores mencionados.