El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, informó que mañana el procurador de su sector presentará una denuncia penal por el delito de apología del terrorismo contra Alfredo Crespo, abogado del cabecilla terrorista Abimael Guzmán; y Carmen Hualla Muriel, quien leyó una carta de la también terrorista Elena Iparraguirre.
El titular de Justicia remarcó que la reciente publicación y presentación del libro de Abimael Guzmán, el viernes pasado, es una exaltación a todo el proceso terrorista en el país, por lo que, dijo, la Fiscalía tiene todos los elementos para actuar en forma inmediata.
"El acto del viernes significó una exaltación a todo el proceso terrorista en Perú, a todo. Ni siquiera solamente a un acto, ni siquiera solamente a un atentado terrorista, sino a todo, a todo el proceso de la lucha terrorista en Perú", señaló en conferencia de prensa. Enfatizó que de la carta hecha por Elena Iparraguirre se interpreta que se hace un llamado a futuras acciones de terrorismo en Perú.
“En la carta dice: 'Llegaron más allá de la mitad del camino y a nosotros nos cupo aportar a construir la obra, mas no a culminarla, pero Perú después de los 80 es otro, el nuevo momento de la lucha popular lo demuestra; abierto ante el pueblo está el futuro”, precisó el ministro al citar la referida misiva.
Sostuvo también que en las intervenciones del abogado José Crespo se repitió en todo momento la justificación y exaltación a todo el proceso terrorista.
Por ello –remarcó– está absolutamente claro que sí se habría configurado el delito de apología del terrorismo. Detalló que su sector pedirá al Ministerio Público que se extienda la denuncia contra otras personas que resulten responsables de filtrar información desde el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. Afirmó que de manera adicional se solicitará una investigación acerca de cómo se filtraron los supuestos manuscritos, ya que la custodia del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao es responsabilidad de la Marina de Guerra y no del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
“Pedimos esclarecer de manera puntual cómo se filtraron los manuscritos. Perú tiene que saber cómo se financió el libro y cómo se pagó”, enfatizó.También dijo que se exigirá conocer quién financió el libro publicado, así como saber cuál es la situación de Hugo Villanueva Azaña y la editorial Mano Alzada, que publicó el texto.
Asimismo, sostuvo que se solicitará conocer cuál es la situación jurídica y legal de los organizadores del evento.
Del mismo modo, invocó al Tribunal Constitucional (TC) que modifique sus criterios sobre apología del terrorismo, recogidos en una sentencia, del 3 de enero de 2003, en la que hay aseveraciones que no son muy firmes respecto a la apología delictiva. “Invocamos al Tribunal Constitucional para que modifique sus criterios respecto a la apología del terrorismo, porque una apreciación como la que ellos tienen puede dar lugar a que se desarrollen en Perú acto tras acto, y bastará decir que al final de un acto lo que se busca es un clima de paz para que alguien diga que no es apología delictiva." Remarcó que el Tribunal Constitucional tienen que ser consciente de la necesidad de establecer reglas firmes en el país y que protejan a la población.
El titular de Justicia remarcó que la reciente publicación y presentación del libro de Abimael Guzmán, el viernes pasado, es una exaltación a todo el proceso terrorista en el país, por lo que, dijo, la Fiscalía tiene todos los elementos para actuar en forma inmediata.
"El acto del viernes significó una exaltación a todo el proceso terrorista en Perú, a todo. Ni siquiera solamente a un acto, ni siquiera solamente a un atentado terrorista, sino a todo, a todo el proceso de la lucha terrorista en Perú", señaló en conferencia de prensa. Enfatizó que de la carta hecha por Elena Iparraguirre se interpreta que se hace un llamado a futuras acciones de terrorismo en Perú.
“En la carta dice: 'Llegaron más allá de la mitad del camino y a nosotros nos cupo aportar a construir la obra, mas no a culminarla, pero Perú después de los 80 es otro, el nuevo momento de la lucha popular lo demuestra; abierto ante el pueblo está el futuro”, precisó el ministro al citar la referida misiva.
Sostuvo también que en las intervenciones del abogado José Crespo se repitió en todo momento la justificación y exaltación a todo el proceso terrorista.
Por ello –remarcó– está absolutamente claro que sí se habría configurado el delito de apología del terrorismo. Detalló que su sector pedirá al Ministerio Público que se extienda la denuncia contra otras personas que resulten responsables de filtrar información desde el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. Afirmó que de manera adicional se solicitará una investigación acerca de cómo se filtraron los supuestos manuscritos, ya que la custodia del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao es responsabilidad de la Marina de Guerra y no del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
“Pedimos esclarecer de manera puntual cómo se filtraron los manuscritos. Perú tiene que saber cómo se financió el libro y cómo se pagó”, enfatizó.También dijo que se exigirá conocer quién financió el libro publicado, así como saber cuál es la situación de Hugo Villanueva Azaña y la editorial Mano Alzada, que publicó el texto.
Asimismo, sostuvo que se solicitará conocer cuál es la situación jurídica y legal de los organizadores del evento.
Del mismo modo, invocó al Tribunal Constitucional (TC) que modifique sus criterios sobre apología del terrorismo, recogidos en una sentencia, del 3 de enero de 2003, en la que hay aseveraciones que no son muy firmes respecto a la apología delictiva. “Invocamos al Tribunal Constitucional para que modifique sus criterios respecto a la apología del terrorismo, porque una apreciación como la que ellos tienen puede dar lugar a que se desarrollen en Perú acto tras acto, y bastará decir que al final de un acto lo que se busca es un clima de paz para que alguien diga que no es apología delictiva." Remarcó que el Tribunal Constitucional tienen que ser consciente de la necesidad de establecer reglas firmes en el país y que protejan a la población.
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