Por unanimidad, el pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que otorga S/ 12.8 millones al Ministerio de Justicia para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en Ica y Cañete.
Ese monto también será destinado para la remodelación y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Ica – II etapa. El proyecto de ley, que fue ratificado como prioridad por la Junta de Portavoces en sesión del pasado 8 de setiembre, fue aprobado con 64 votos a favor.Actualmente, el nuevo Código Procesal Penal se encuentra vigente en los distritos judiciales de Huaura, La Libertad, Arequipa, Tacna, Moquegua, Tumbes, Piura y Lambayeque, en los que ha venido teniendo resultados favorables en cuanto a la prestación de un mejor servicio de justicia penal a favor de la población.Principalmente con la implantación de procesos más rápidos que se desarrollan en audiencias orales y públicas y que, además, consideran diversos mecanismos de terminación temprana.
Ese monto también será destinado para la remodelación y ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Ica – II etapa. El proyecto de ley, que fue ratificado como prioridad por la Junta de Portavoces en sesión del pasado 8 de setiembre, fue aprobado con 64 votos a favor.Actualmente, el nuevo Código Procesal Penal se encuentra vigente en los distritos judiciales de Huaura, La Libertad, Arequipa, Tacna, Moquegua, Tumbes, Piura y Lambayeque, en los que ha venido teniendo resultados favorables en cuanto a la prestación de un mejor servicio de justicia penal a favor de la población.Principalmente con la implantación de procesos más rápidos que se desarrollan en audiencias orales y públicas y que, además, consideran diversos mecanismos de terminación temprana.
El NCPP implica un impacto positivo en el Sistema Penitenciario, ya que contribuye con la disminución de la población penitenciaria en los distritos judiciales en los que ya se encuentra vigente, gracias a lo cual se experimenta una reducción de los internos procesados en comparación al número de internos sentenciados. Este cuerpo legal es una eficaz herramienta de la gestión de la conflictividad social, por lo que contribuirá de manera significativa con el mantenimiento del orden interno y con la seguridad jurídica que el país
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