
La alerta fue dada ayer por el congresista José Saldaña (UPP), quien denunció que esta disposición legal es inconstitucional porque viola el artículo 73 de la Carta Magna, respecto de que todo bien público es inalienable.
La RS 059-2009 sustituye a la 062 de 1999, cuyo objetivo era la promoción financiera para la ejecución de un megaterminal multimodal portuario y aeroportuario en la isla de 8 km de largo.
Los capitanes de navío en retiro Lizandro Paredes y Marcos Bravo revelaron que se busca cercenar la infraestructura de defensa nacional, valorada en más de mil millones de dólares, para ejecutar obras inmobiliarias que generarían ingresos por US$200 millones. “Se quiere destruir la Base Naval y construir una nueva de apenas un kilómetro cuadrado”, denunciaron.
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