Representantes de 11 gobiernos regionales suscribieron una declaración mediante la cual se comprometen a institucionalizar una política de transparencia y acceso a la información pública en sus respectivas administraciones, compromiso que será supervisado por la Defensoría del Pueblo.El documento fue suscrito con motivo de la Segunda Conferencia Nacional de Acceso a la Información Pública, organizada por la Defensoría del Pueblo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). En la cita, las autoridades regionales procedieron a suscribir la “Declaración sobre transparencia y acceso a la información pública”, un documento a través del cual se comprometen a institucionalizar una política sobre este derecho que asiste a todo ciudadano.
El documento fue suscrito por los presidentes regionales de Amazonas, Óscar Altamirano; Ayacucho, Ernesto Molina; Tacna, Hugo Ordóñez; Apurímac, David Salazar; Huancavelica, Federico Salas; Cajamarca, Jesús Coronel; Tumbes, Wilmer Dios Benites; Lima Provincias, Nelson Chui. También, por los vicepresidentes regionales de Madre de Dios, Ángel Trigoso; y La Libertad, Víctor León; así como por el gerente regional de Lambayeque, Mario Cardoso.De acuerdo con el texto de dicha declaración, promovida por las instituciones organizadoras, se buscará institucionalizar la transparencia como principio rector que comprometa a todo el personal de los gobiernos regionales, sin importar la jerarquía, nivel de responsabilidad o modalidad contractual de vinculación con la entidad.
El compromiso asumido implicará publicar, en forma completa y actualizada, en los respectivos portales institucionales, los datos referidos a las remuneraciones, bonificaciones, incentivos, gastos operativos y demás beneficios de todos los funcionarios, servidores y asesores del gobierno regional. Además, cada administración regional buscará gestionar recursos adicionales y la asesoría necesaria para diseñar e implementar políticas de transparencia y acceso a la información pública.El documento señala que se establecerán pautas para elaborar rigurosamente los informes anuales que los gobiernos regionales remiten a la PCM sobre las solicitudes de información pública atendidas y las que fueron ignoradas, a fin de obtener un adecuado balance del cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública.
La suscripción del documento constituye un paso significativo en la búsqueda de un compromiso de las más altas autoridades del Estado con la transparencia y el acceso a la información pública, que son pilares de una sociedad democrática y descentralizada, sostiene la Defensoría del Pueblo.
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