TERRORISTAS RECIBIRÁN ALTAS REPARACIONES
En el marco de la sustentación de su pliego presupuestal para 2012, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, fue generoso en el enunciado de cifras y proyectos, pero escueto al referirse a los derechos humanos. Sobre el tema, solo dijo que el Estado cumplirá con las sentencias de reparación a las víctimas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que “impulsará” soluciones amistosas para reducir el alto número de casos en contra del Perú.
Lo que se sabe ahora, empero, es que el presupuesto del próximo año para Justicia contempla el pago de más de US$12 millones a favor de delincuentes terroristas: 10 mil dólares para el chileno emerretista Jaime Francisco Castillo Petruzzi y 12 millones 153 mil 500 dólares para los deudos de los subversivos fallecidos durante el motín en el penal Miguel Castro Castro en mayo de 1992. También está programado el pago de US$3’890,000 para los trabajadores cesados del Parlamento en 1992; de US$380,000 para 76 magistrados no ratificados y de US$380,000 para los deudos de Saúl Cantoral y de García Santa Cruz, entre otros.
CONFLICTO DE INTERESES
El congresista de Fuerza 2011 Alejandro Aguinaga denunció la pretensión del Gobierno de realizar estos pagos, y lo acusó de ponerse “de rodillas” ante quienes destruyeron al país y asesinaron a miles de peruanos. Responsabilizó de esta situación a Eguiguren, a quien le imputó, además, un conflicto de intereses al haber actuado como agente del Estado peruano en el caso Cantoral, en 2001. “En esa condición Eguiguren, que debía defender al Estado, se allanó a la demanda, que fue sustentada nada menos que por quien es hoy secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de su sector, José Burneo Labrín. Son ellos los que ahora quieren hacer un festín de millones. Que se acaben los carroñeros que viven del Perú y quieren ponerse de rodillas ante los terroristas”, sentenció.
POLÍTICA LAXA
Por su parte, Mauricio Mulder –miembro de la Comisión de Justicia– manifestó que no solo es evidente que Eguiguren enfrenta un conflicto de intereses, “sino que hay una política de laxitud y de indefensión del Estado peruano frente a los ataques que de todos los frentes enarbolan abogados vinculados a organismos defensores de los derechos humanos y que obtienen un porcentaje de esas reparaciones”.
Recordó, además, que la titular de la Mujer, Aída García Naranjo, y Javier Diez Canseco han señalado que estas indemnizaciones deberían subir a S/.221 millones para incorporar a las 69 mil víctimas que menciona el informe de la Comisión de la Verdad.
En el marco de la sustentación de su pliego presupuestal para 2012, el ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, fue generoso en el enunciado de cifras y proyectos, pero escueto al referirse a los derechos humanos. Sobre el tema, solo dijo que el Estado cumplirá con las sentencias de reparación a las víctimas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que “impulsará” soluciones amistosas para reducir el alto número de casos en contra del Perú.
Lo que se sabe ahora, empero, es que el presupuesto del próximo año para Justicia contempla el pago de más de US$12 millones a favor de delincuentes terroristas: 10 mil dólares para el chileno emerretista Jaime Francisco Castillo Petruzzi y 12 millones 153 mil 500 dólares para los deudos de los subversivos fallecidos durante el motín en el penal Miguel Castro Castro en mayo de 1992. También está programado el pago de US$3’890,000 para los trabajadores cesados del Parlamento en 1992; de US$380,000 para 76 magistrados no ratificados y de US$380,000 para los deudos de Saúl Cantoral y de García Santa Cruz, entre otros.
CONFLICTO DE INTERESES
El congresista de Fuerza 2011 Alejandro Aguinaga denunció la pretensión del Gobierno de realizar estos pagos, y lo acusó de ponerse “de rodillas” ante quienes destruyeron al país y asesinaron a miles de peruanos. Responsabilizó de esta situación a Eguiguren, a quien le imputó, además, un conflicto de intereses al haber actuado como agente del Estado peruano en el caso Cantoral, en 2001. “En esa condición Eguiguren, que debía defender al Estado, se allanó a la demanda, que fue sustentada nada menos que por quien es hoy secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de su sector, José Burneo Labrín. Son ellos los que ahora quieren hacer un festín de millones. Que se acaben los carroñeros que viven del Perú y quieren ponerse de rodillas ante los terroristas”, sentenció.
POLÍTICA LAXA
Por su parte, Mauricio Mulder –miembro de la Comisión de Justicia– manifestó que no solo es evidente que Eguiguren enfrenta un conflicto de intereses, “sino que hay una política de laxitud y de indefensión del Estado peruano frente a los ataques que de todos los frentes enarbolan abogados vinculados a organismos defensores de los derechos humanos y que obtienen un porcentaje de esas reparaciones”.
Recordó, además, que la titular de la Mujer, Aída García Naranjo, y Javier Diez Canseco han señalado que estas indemnizaciones deberían subir a S/.221 millones para incorporar a las 69 mil víctimas que menciona el informe de la Comisión de la Verdad.
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