EDITORIAL: LIBERTAD DE PRENSA OTRA VEZ AMENAZADA

Bien podría decirse que América Latina vive una terrible ironía: si bien los países de la región están avanzando hacia su consolidación económica, muchos han retrocedido en el respeto a las libertades de expresión y prensa, fundamentales en sociedades que se dicen democráticas.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su reunión semestral realizada en Aruba, ha alertado que las presiones y amenazas contra el periodismo no solo han aumentado. Nuevos asesinatos, que no deben quedar impunes, han enlutado a la profesión otra vez, en lo que parece ser una racha nefasta para castigar al periodista que investiga y denuncia.
La SIP, con la autoridad que la caracteriza como organismo hemisférico dedicado a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas, ha salido al frente de los atentados perpetrados en Cuba, Venezuela, Honduras, México, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y también en el Perú, que este año aparece en la lista de naciones donde el periodismo sufre el asedio y la hostilidad de ciertos estamentos del Gobierno.
El “Informe sobre el estado de la libertad de prensa en el Perú” no presentaba tantas amenazas contra la prensa desde la caída del régimen de Alberto Fujimori, cuando las maniobras contra el periodismo independiente y la corrupción de ciertos empresarios mediáticos fueron de público conocimiento a través de los “vladivideos”. Ahora, en una medida extrema, y ante la situación que vive nuestro país, la SIP ha encargado a su Comisión de Libertad de Prensa e Información el envío de una misión investigadora para analizar todas las denuncias, entrevistar a las partes involucradas y extender sus conclusiones a las autoridades nacionales. En tanto, ha cursado solicitudes a diversas instancias públicas peruanas, como la OCMA, para que realice una investigación en torno a las presuntas irregularidades en la detención del director del semanario “Nor Oriente”, Alejandro Carrascal; al MTC le ha pedido reconsiderar la cancelación de la licencia de funcionamiento de la radio La Voz de Bagua, silenciada arbitrariamente.
Asimismo, ha reiterado su preocupación por la impunidad en el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, caso emblemático que mereció la presencia en el país de una misión de la SIP, que cumplió con recoger los testimonios y otros indicios que sindicaban a Luis Valdez, ex alcalde de Coronel Portillo, increíblemente eximido de toda responsabilidad.
Igualmente, ha invocado al presidente de la Corte Suprema a establecer los mecanismos que garanticen el debido proceso en los delitos contra la libertad de prensa y expresión, según lo acordado durante la conferencia hemisférica Poder Judicial, Prensa e Impunidad, realizada en Santo Domingo en julio del 2007.
Y, evidentemente, ha expresado su inquietud y alerta por las denuncias relacionadas con el Caso Crousillat y su intento de capturar el medio televisivo que corrompió y llevó a la quiebra.
El panorama no es alentador para el Perú ni para muchos países de la región. Como ha precisado la SIP, quienes ostentan el poder deben reconocer que el respeto a la libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas sino de todos los ciudadanos, que merecen gozar de información plural y sin cortapisas de ningún tipo, a través de los distintos medios.