Los enfrentamientos hoy entre la Policía peruana y los mineros que protestan contra una ley que busca formalizar su actividad deja como saldo un civil muerto, aunque los dirigentes sindicales han denunciado que son nueve los fallecimientos. 
El director de Defensa de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (FNMAP), Rafael Seminario, dijo a Efe que “hay 9 muertos por bala y 5 heridos” en el operativo en el que -según afirmó- “la Policía Nacional o el Ejército disparó a mansalva”.
En cambio, según los reportes de Radio Programas del Perú (RPP) hay 4 muertos y 15 heridos en este confuso operativo realizado por la Policía en la localidad de Chala, en la región sureña de Arequipa, para despejar un tramo de la carretera Panamericana.
La vía fue tomada por unas 7.000 personas en el marco de una protesta contra un decreto de urgencia para ordenar la minería informal, que principalmente se dedica a la extracción de oro en la región de Madre de Dios, en el sureste de Perú, país que se sitúa como el quinto productor mundial de este metal.
En una rueda de prensa, el primer ministro peruano, Javier Velásquez, confirmó la muerte de un civil, que, según RPP, fue identificado como Juan de Dios Larrea, un mototaxista que no estaba involucrado en las acciones de protesta y murió de un balazo en la cabeza.
Velásquez también informó de la detención hoy de un civil en posesión de dinamita y la aparente agresión a un policía en Chala, días después de que se decomisaran 79.000 cartuchos del explosivo en la zona.
Por su parte, el presidente peruano, Alan García, manifestó hoy que el Estado tiene la obligación de demostrar que tiene “principios”, en referencia a la protesta minera.
García salió al frente para defender la medida para formalizar a los mineros y subrayó que la contaminación llega hasta el Brasil, tras alertar: “Podemos se juzgados internacionalmente, en cualquier momento, por permitir una actividad desordenada”.
La huelga – que se acata también en Madre de Dios, Apurímac, Puno e Ica- fue convocada por la FNMAP y la Federación Minera de Madre de Dios en protesta contra un decreto de urgencia para ordenar la minería informal en la región de Madre de Dios.
Entre otros, la medida contempla la suspensión del otorgamiento de derechos mineros por un tiempo indefinido, la prohibición de las operaciones de dragas (proceso de eliminación de suelo o de materiales del fondo de ríos, lagos o puertos de mar) en los ríos de Madre de Dios.
La minería informal, que mueve unos 600 millones de dólares anuales en Perú, produce un estimado de 20 toneladas anuales de oro en distintos puntos del país y emplea a un mínimo de 40.000 personas, aunque esta cifra puede llegar a 100.000.
Su impacto, según enfatizó hoy el titular del Ambiente, Antonio Brack, es de “extrema preocupación” porque, además, de no pagar impuestos, contaminar las aguas y el ambiente, ha envenenado a los peces comestibles, que ya tienen niveles de mercurio tres veces más elevados que los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por su lado, el ministro Velásquez subrayó que empresarios extranjeros, que no identificó, extraen, de forma camuflada, oro a gran escala en Madre de Dios y, además, ellos están azuzando la huelga junto con legisladores nacionalistas.
“Estos grandes empresarios mineros, que son rusos y brasileños y explotan vilmente a la gente en Madre de Dios, han solicitado a los pequeños mineros dos gramos de oro y a los medianos 25 gramos de oro para comprar alimentos y contratar vehículos para iniciar esta huelga”, dijo.
Velásquez agregó que la minería informal no solo hace que más de 30.000 familias que se dedican a esta actividad vivan en condiciones precarias sino que también perpetúan el trabajo infantil, los abusos sexuales de menores y la proliferación de enfermedades.
El primer ministro pidió que se deponga la medida de fuerza y recordó que el Gobierno declaró el estado de emergencia en siete provincias peruanas de cara a la huelga y ordenó el despliegue de militares en apoyo de policías.
Las manifestaciones en Arequipa se dan cuando todavía escuecen las heridas de la sangrienta protesta de las comunidades amazónicas en la provincia nororiental de Bagua, que se saldó el 5 de junio pasado con la muerte de 24 policías y 10 civiles.
El director de Defensa de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú (FNMAP), Rafael Seminario, dijo a Efe que “hay 9 muertos por bala y 5 heridos” en el operativo en el que -según afirmó- “la Policía Nacional o el Ejército disparó a mansalva”.
En cambio, según los reportes de Radio Programas del Perú (RPP) hay 4 muertos y 15 heridos en este confuso operativo realizado por la Policía en la localidad de Chala, en la región sureña de Arequipa, para despejar un tramo de la carretera Panamericana.
La vía fue tomada por unas 7.000 personas en el marco de una protesta contra un decreto de urgencia para ordenar la minería informal, que principalmente se dedica a la extracción de oro en la región de Madre de Dios, en el sureste de Perú, país que se sitúa como el quinto productor mundial de este metal.
En una rueda de prensa, el primer ministro peruano, Javier Velásquez, confirmó la muerte de un civil, que, según RPP, fue identificado como Juan de Dios Larrea, un mototaxista que no estaba involucrado en las acciones de protesta y murió de un balazo en la cabeza.
Velásquez también informó de la detención hoy de un civil en posesión de dinamita y la aparente agresión a un policía en Chala, días después de que se decomisaran 79.000 cartuchos del explosivo en la zona.
Por su parte, el presidente peruano, Alan García, manifestó hoy que el Estado tiene la obligación de demostrar que tiene “principios”, en referencia a la protesta minera.
García salió al frente para defender la medida para formalizar a los mineros y subrayó que la contaminación llega hasta el Brasil, tras alertar: “Podemos se juzgados internacionalmente, en cualquier momento, por permitir una actividad desordenada”.
La huelga – que se acata también en Madre de Dios, Apurímac, Puno e Ica- fue convocada por la FNMAP y la Federación Minera de Madre de Dios en protesta contra un decreto de urgencia para ordenar la minería informal en la región de Madre de Dios.
Entre otros, la medida contempla la suspensión del otorgamiento de derechos mineros por un tiempo indefinido, la prohibición de las operaciones de dragas (proceso de eliminación de suelo o de materiales del fondo de ríos, lagos o puertos de mar) en los ríos de Madre de Dios.
La minería informal, que mueve unos 600 millones de dólares anuales en Perú, produce un estimado de 20 toneladas anuales de oro en distintos puntos del país y emplea a un mínimo de 40.000 personas, aunque esta cifra puede llegar a 100.000.
Su impacto, según enfatizó hoy el titular del Ambiente, Antonio Brack, es de “extrema preocupación” porque, además, de no pagar impuestos, contaminar las aguas y el ambiente, ha envenenado a los peces comestibles, que ya tienen niveles de mercurio tres veces más elevados que los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por su lado, el ministro Velásquez subrayó que empresarios extranjeros, que no identificó, extraen, de forma camuflada, oro a gran escala en Madre de Dios y, además, ellos están azuzando la huelga junto con legisladores nacionalistas.
“Estos grandes empresarios mineros, que son rusos y brasileños y explotan vilmente a la gente en Madre de Dios, han solicitado a los pequeños mineros dos gramos de oro y a los medianos 25 gramos de oro para comprar alimentos y contratar vehículos para iniciar esta huelga”, dijo.
Velásquez agregó que la minería informal no solo hace que más de 30.000 familias que se dedican a esta actividad vivan en condiciones precarias sino que también perpetúan el trabajo infantil, los abusos sexuales de menores y la proliferación de enfermedades.
El primer ministro pidió que se deponga la medida de fuerza y recordó que el Gobierno declaró el estado de emergencia en siete provincias peruanas de cara a la huelga y ordenó el despliegue de militares en apoyo de policías.
Las manifestaciones en Arequipa se dan cuando todavía escuecen las heridas de la sangrienta protesta de las comunidades amazónicas en la provincia nororiental de Bagua, que se saldó el 5 de junio pasado con la muerte de 24 policías y 10 civiles.
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