ROBOS
EMBLEMÁTICOS
Alan García envidia al río de
la Plata. Y tiene una imaginación inacabable para idear maneras de enriquecer
su experiencia de hombre público. Lo que hizo con los l/colegios
emblemáticos" podría ser parte de un didáctico manual del latrocinio. Eso
es algo que, a pesar del sabotaje apro-fujimorista, sigue investigando la
megacomisión encargada de levantar las alfombras del quinquenio 2006-2011.
Ni para remodelar los colegios
respetaron las arcas públicas. Hasta en eso echaron mano y consumaron el
saqueo. Por esta razón la megacomisión que investiga al ex presidente Alan
García alista su primera denuncia. Se trata del caso de los llamados colegios
emblemáticos, cuyo informe entregará a fines de marzo. Según fuentes de la
comisión, a la luz de los hallazgos, podrían denunciar al ex mandatario por los
presuntos delitos dé colusión y defraudación al Estado.
El equipo técnico del grupo
congresal ha detectado el método que usaba el anterior gobierno para inflar el
costo de las obras. Resulta que para refaccionar una unidad escolar no había
una adjudicación directa: ¡había varias! Todo el proceso de la remodelación era
una sucesión de asignaciones a dedo. "A más exoneraciones para un solo
colegio, mayor el sobrecosto", dice una fuente de
la megacomisión.
la megacomisión.
Esas prácticas de corrupción
tuvieron su origen en el decreto de urgencia 004-200<), promulgado el 10 de
enero de ese año. Los responsables del decreto: Alan García, el ex -primer
ministro Yehude Simón y el entonces titular de la cartera de
Educación, José Antonio Chang, quien será citado la primera semana de marzo.
Escudándose en el decreto de urgencia se libraban de todo tipo de
fiscalización: podían contratar sin concurso público, sin visto bueno del SNIP
ni de la Contraloría.
La megacomisión
calcula que, por la sucesión de asignaciones a dedo y la falta de controles,
los precios se dispararon en algunos casos a más del 200 por ciento respecto de
su costo original. Así, la remodelación del Alfonso Ugarte te, que tenía un
monto inicial de S/.13'274.564.17,
terminó costando S/. 22´799.476.53. La refacción del Juana Alarco de
Dammert, de Miraflores, con un presupuesto programado de S/.11'568.701.69,
llegó a S/.19'302.S82.75. Los trabajos en el Pedro Labarthe, de La Victoria,
empezaron con S/.16'102.546.53 asignados pero, con el paso del tiempo y
consecuentes ampliaciones, ese monto subió nada menos que a S/.42'820.300.68,
más del doble. Por supuesto, el diligente ministro de Educación de entonces,
José Antonio Chang, autorizaba sin demora alguna los montos adicionales. Y así
podríamos seguir con los veinte colegios emblemáticos remodelados.
Según los técnicos de la
comisión investigadora, que preside el nacionalista Sergio Tejada, es las
ampliaciones presupuestales van contra la ley de contratación del Estado. De
acuerdo con esta norma, si se quiere sumar a una obra más del quince por ciento
del monto original, "se deberá tener la autorización expresa de la
Contraloría General de la República". Y, como hemos visto, las
ampliaciones pre- supuestales
perpetradas por Alan García y ejecutadas por su ministro Chang superaron
larguísimamente el 15%, llegando, en algunos casos, hasta el 300%.
Las empresas favorecidas eran
casi siempre las mismas: Cosapi y DHMonty Graña y Montero, la del amigazo
"Pepe". El 6 de febrero del 2009, el Ministerio de Educación le
concedió a la empresa Cosapi la remodelación del colegio Alfonso Ugarte, en San
Isidro. Cosapi se comprometió a entregar la obra en un plazo de 270 días Y
recibió por ello un monto de S/.13'274,564.17. Sin embargo, la compañía no
entregó el trabajo a tiempo. El Ministerio de Educación optó entonces por
realizar dos adjudicaciones directas más, en el 2010, a fin de justificar la
ampliación presupuestal en ese colegio.
La constructora Cosapi resultó
siendo favorecida en las dos oportunidades. Los montos fueron de
S/·3'569·179,06 y S/.5'955·733,30.
Es decir, sin explicación alguna, el Estado pagó 9 millones 520 mil soles por encima de la propuesta original. ¡Gran faenón!
Es decir, sin explicación alguna, el Estado pagó 9 millones 520 mil soles por encima de la propuesta original. ¡Gran faenón!
Lo mismo sucedió también con el
centro educativo Pedro Labarthe, de La Victoria. En este caso el beneficiado
fue el consorcio constructor DHMont y Graña y Montero. Inicialmente, el 13 de
mayo del 2009, el ministerio le pagó S/.16'102.546.53 para rehabilitar el
Labarthe. Tema un plazo de 270 días. Pero tampoco cumplió. Pese a ello, Chang
digitó otros dos "concursos". Por supuesto, el consorcio que no había cumplido
con el plazo de entrega fue premiado con una primera parte de 19 millones y una
segunda de 7 millones de soles. O sea que el monto adicional 26 millones de
soles- fue superior en 10 millones de soles. Las obras terminaron costando 42
millones de soles.
"Esta
modalidad de repetir exoneraciones para un solo colegio y tratarlas cómo si
cada una fuese una nueva obra es altamente sospechosa. Aquí ha habido un
negociado", dice una fuente de la megacomisión.
Para el
especialista en licitaciones Julio César Castiglioni, esta práctica del
Ministerio de Educación es abiertamente irregular. "Han estado atentando
contra la transparencia del proceso. Es una forma de sacar le la vuelta al
Estado. La exoneración es para una situación excepcional.
En este caso no ha habido ningún estado de emergencia. Además, la ley de
presupuesto prohíbe que las exoneraciones se fraccionen.
Es decir, se debió adjudicar directamente a todos y no a cada uno de los
colegios emblemáticos", dice Castiglioni,
"El equipo
técnico de la megacomisión, que despacha en el jirón Junín del Cercado de Lima,
se apoya también en un informe de Contraloría emitido en el 2009. En ese
documento, se determinó que dentro del programa de rehabilitación de los
colegios emblemáticos hubo un gasto exonerado de fiscalización de 352 millones
de soles. De hecho, Educación fue la entidad del Estado con mayor monto de
gasto libre de fiscalización del 2009. "Se otorgó adelantos que excedían
los montos permitidos, en algunos casos sin considerar el cronograma
establecido", dice el informe. Y hasta las penalidades las dejaron pasar:
"No se cauteló
adecuadamente los intereses del Estado habiéndose decretado deficiencias en el
cálculo de penalidades por incumplimiento contractual ... ", agrega. Al
ser consultado por este semanario, el presidente de la megaco-misión, Sergio
Tejada, confirmó los indicios de corrupción pero prefirió no dar detalles de
las investigaciones para evitar adelantar opinión.
Además, Tejada y los integrantes del equipo técnico han sido blanco, en los
últimos días, de feroces ataques de fujimoristas y apristas.
Las acusación es coinciden en
el hecho de que la megacomisión ya está indagando temas más sensibles como las
sospechosas licitaciones en el sector Transportes y la corrupción en Sedapal. Y
eso que no han entrado al sector Salud todavía. O al de Transportes.
En ese contexto, el
pasado viernes 3 de febrero, Tejada se reunió con el presidente Ollanta Humala
en Palacio de Gobierno, en horas de la tarde. Se conoció que el mandatario le
ofreció su respaldo y cuestionó que la bancada de Gana Perú no lo respalde
cuando es saboteado por los fujimoristas y apristas. Tejada no cuenta, además,
con el apoyo de quien, se supone, sería su aliado en la comisión, el
congresista de Alianza Parlamentaria Yonhy Lezcano.
“Humala le ha
pedido a la bancada que no deje solo a Tejada y lo respalde siempre”, dice una
fuente palaciega. Dos días después de ese encuentro, el domingo 5 de febrero,
el ex presidente García salió a declarar en la cadena Univisión que le propuso
a Humala otorgar de manera conjunta el indulto al ex dictador Alberto Fujimori.
García buscaba, así, el apoyo del fujimorismo para desestabilizar a la comisión
que lo investiga.
El lazo entre los
fujimoristas y apristas se hace evidente en los pasillos del Congreso. El legislador
de Fuerza 2011 Pedro Spadaro Phillips tiene como asistente en su Despacho
congresal al ex militante aprista Juan Raúl Marticorena Pérez. Así aparece en
la relación de personal del Congreso de noviembre del año pasado, al que este
semanario tuvo acceso. De acuerdo con varias fuentes consultadas, Juan
Marticorena Pérez es hizo del alcalde de Lurín, el aprista Jorge Marticorena Cuba
Spadaro fue asesor del burgomaestre de Lurín. Marticorena Pérez, asesor de
Spadaro, ingresó al Apra el 31 de marzo del 2009, pero habría cancelado su
afiliación hace poco. Hace dos meses, la prensa difundió que el legislador de
Alianza por el Gran Cambio Enrique Wong, otro “investigador” de Alan García,
también tiene tres asesores apristas en su despacho, Wong fue, además, diputado
por el Apra entre 1985 y 1990
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