Ante la dificultad de cancelar la cuota anual por concepto de Asociación de Padres de Familia (Apafa), los padres de familia pueden solicitar el fraccionamiento del pago o la prestación de servicios en la institución educativa, recordó la Defensoría del Pueblo.
El jefe de la Oficina Defensorial Lima Sur de la Defensoría del Pueblo, Percy Tapia Vargas, sostuvo que los padres de familia no deben permitir el condicionamiento de la matrícula a ciertos pagos, como la cuota de Apafa, cuyo monto máximo anual asciende a S/. 53,25 nuevos soles, que equivale al 1,5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
“Ante la dificultad de cancelar la cuota, los padres de familia pueden solicitar el fraccionamiento o la prestación de servicios en la institución educativa”, subrayó.
El funcionario comentó que el inicio del nuevo año escolar ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de información que existe acerca de los plazos y trámites que se deben seguir durante el proceso de matrícula.
Asimismo, muestra los pagos indebidos que algunas instituciones educativas públicas exigen a los padres de familia para que sus hijos puedan acceder a una vacante, afectando el derecho a la gratuidad de la enseñanza, señaló.
Refirió que en una reciente supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en el sur de Lima Metropolitana se detectó que en ocho de diez instituciones educativas visitadas no se habían colocado paneles informativos con los cronogramas de fecha de inicio y término de la matrícula ni se publicó el número de vacantes disponibles y los requisitos para poder acceder a alguna de estas.
“Un caso particular se presentó en la Institución Educativa República de Francia, de Villa El Salvador, donde se realizaban cobros indebidos por constancia de matrícula, pese a que, al finalizar el año escolar, la continuidad educativa es automática, por lo tanto los padres de familia no tienen la obligación de ratificar la matrícula, salvo que exista un traslado a otra escuela”, remarcó
.Colegios privados
Tapia Vargas precisó también que durante el proceso de matrícula escolar las instituciones educativas privadas se encuentran obligadas a facilitar a los padres de familia información escrita, veraz, suficiente y apropiada sobre las condiciones pedagógicas y económicas a las que se ajustará la prestación del servicio educativo y las responsabilidades que asumen las instituciones educativas y el padre o madre de familia.
Afirmó que en aras de proteger la economía familiar, hay que saber que no es obligatorio presentar todos los útiles escolares al inicio del año escolar o comprarlos en exclusivos establecimientos comerciales que señale la institución educativa.
Exhortó a la población que en caso de conocer algún caso o haya sido víctima de actuaciones ilegales durante el proceso de matrícula escolar, puede comunicarse a través de la línea gratuita 0800-15170 o realizar su queja en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo.
El jefe de la Oficina Defensorial Lima Sur de la Defensoría del Pueblo, Percy Tapia Vargas, sostuvo que los padres de familia no deben permitir el condicionamiento de la matrícula a ciertos pagos, como la cuota de Apafa, cuyo monto máximo anual asciende a S/. 53,25 nuevos soles, que equivale al 1,5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
“Ante la dificultad de cancelar la cuota, los padres de familia pueden solicitar el fraccionamiento o la prestación de servicios en la institución educativa”, subrayó.
El funcionario comentó que el inicio del nuevo año escolar ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de información que existe acerca de los plazos y trámites que se deben seguir durante el proceso de matrícula.
Asimismo, muestra los pagos indebidos que algunas instituciones educativas públicas exigen a los padres de familia para que sus hijos puedan acceder a una vacante, afectando el derecho a la gratuidad de la enseñanza, señaló.
Refirió que en una reciente supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en el sur de Lima Metropolitana se detectó que en ocho de diez instituciones educativas visitadas no se habían colocado paneles informativos con los cronogramas de fecha de inicio y término de la matrícula ni se publicó el número de vacantes disponibles y los requisitos para poder acceder a alguna de estas.
“Un caso particular se presentó en la Institución Educativa República de Francia, de Villa El Salvador, donde se realizaban cobros indebidos por constancia de matrícula, pese a que, al finalizar el año escolar, la continuidad educativa es automática, por lo tanto los padres de familia no tienen la obligación de ratificar la matrícula, salvo que exista un traslado a otra escuela”, remarcó
.Colegios privados
Tapia Vargas precisó también que durante el proceso de matrícula escolar las instituciones educativas privadas se encuentran obligadas a facilitar a los padres de familia información escrita, veraz, suficiente y apropiada sobre las condiciones pedagógicas y económicas a las que se ajustará la prestación del servicio educativo y las responsabilidades que asumen las instituciones educativas y el padre o madre de familia.
Afirmó que en aras de proteger la economía familiar, hay que saber que no es obligatorio presentar todos los útiles escolares al inicio del año escolar o comprarlos en exclusivos establecimientos comerciales que señale la institución educativa.
Exhortó a la población que en caso de conocer algún caso o haya sido víctima de actuaciones ilegales durante el proceso de matrícula escolar, puede comunicarse a través de la línea gratuita 0800-15170 o realizar su queja en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo.
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