APRUEBAN DICTAMEN PARA QUE NO PRESCRIBAN DELITOS DE CORRUPCIÓN
La comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos graves contra el patrimonio del Estado y de corrupción de funcionarios.
Tras un debate de dos horas, nueve legisladores aprobaron el texto, mientras que seis del Grupo Parlamentario Fujimorista y de la Alianza por el Gran Cambio, se abstuvieron, entre ellos Javier Bedoya y Luz Salgado.
El dictamen propone la modificación del artículo 41 de la Constitución Política y establece que son imprescriptibles los delitos graves contra el patrimonio del Estado así como los delitos de corrupción de funcionarios señalados por ley.
El legislador pepecista afirmó que hubo apuro por parte del gobierno, y se aprobó el dictamen “al caballazo”; mientras que la parlamentaria fujimorista adujo que la corrupción debe combatirse sin modificar la Constitución, pero sí el Código Penal.
NO A LA IMPUNIDAD
El grupo de trabajo parlamentario, presidido por el congresista Fredy Otárola (Gana Perú), estableció que la responsabilidad de los partícipes en corrupción sea igual para funcionarios y servidores públicos, y en ambos casos se aplicará la inhabilitación para el ejercicio de la función pública en los plazos que establezca la ley.
“Damos el primer paso para evitar más impunidad, por eso se plantea modificar el artículo 41 de la Constitución para que los delitos graves (de corrupción) sean imprescriptibles”, manif
estó Otárola.
Explicó que el dictamen también establece que en adelante la sanción impuesta a los corruptos sea igual al de los partícipes de esos actos, “lo cual constituye una innovación porque las penas para los corruptores son leves”.
“Antes se sancionaba solamente con delito grave al funcionario público, pero no a quien corrompe. (…) ¡Quien corrompe y quien es corrompido van a tener una sanción gravísima!”, complementó Otárola.
En ese sentido, precisó que esta modificación, de llevarse a cabo, se aplicará también a congresistas.
El dictamen propone la modificación del artículo 41 de la Constitución Política y establece que son imprescriptibles los delitos graves contra el patrimonio del Estado así como los delitos de corrupción de funcionarios señalados por ley.
Otárola exhortó a las bancadas parlamentarias a tomar conciencia de la importancia de aprobar la norma en el pleno del Congreso, debido a que su archivamiento sería “desastroso”.
Recordó que para convertir en ley esta norma se necesita el respaldo de 87 legisladores en el pleno del Congreso, y además que sea aprobada en dos legislaturas ordinarias.
Javier Diez Canseco, de Gana Perú, opinó que los delitos contra el patrimonio del Estado deben recibir el mismo tratamiento constitucional que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de violación sistemática de los derechos humanos.
La comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos graves contra el patrimonio del Estado y de corrupción de funcionarios.
Tras un debate de dos horas, nueve legisladores aprobaron el texto, mientras que seis del Grupo Parlamentario Fujimorista y de la Alianza por el Gran Cambio, se abstuvieron, entre ellos Javier Bedoya y Luz Salgado.
El dictamen propone la modificación del artículo 41 de la Constitución Política y establece que son imprescriptibles los delitos graves contra el patrimonio del Estado así como los delitos de corrupción de funcionarios señalados por ley.
El legislador pepecista afirmó que hubo apuro por parte del gobierno, y se aprobó el dictamen “al caballazo”; mientras que la parlamentaria fujimorista adujo que la corrupción debe combatirse sin modificar la Constitución, pero sí el Código Penal.
NO A LA IMPUNIDAD
El grupo de trabajo parlamentario, presidido por el congresista Fredy Otárola (Gana Perú), estableció que la responsabilidad de los partícipes en corrupción sea igual para funcionarios y servidores públicos, y en ambos casos se aplicará la inhabilitación para el ejercicio de la función pública en los plazos que establezca la ley.
“Damos el primer paso para evitar más impunidad, por eso se plantea modificar el artículo 41 de la Constitución para que los delitos graves (de corrupción) sean imprescriptibles”, manif
estó Otárola.Explicó que el dictamen también establece que en adelante la sanción impuesta a los corruptos sea igual al de los partícipes de esos actos, “lo cual constituye una innovación porque las penas para los corruptores son leves”.
“Antes se sancionaba solamente con delito grave al funcionario público, pero no a quien corrompe. (…) ¡Quien corrompe y quien es corrompido van a tener una sanción gravísima!”, complementó Otárola.
En ese sentido, precisó que esta modificación, de llevarse a cabo, se aplicará también a congresistas.
El dictamen propone la modificación del artículo 41 de la Constitución Política y establece que son imprescriptibles los delitos graves contra el patrimonio del Estado así como los delitos de corrupción de funcionarios señalados por ley.
Otárola exhortó a las bancadas parlamentarias a tomar conciencia de la importancia de aprobar la norma en el pleno del Congreso, debido a que su archivamiento sería “desastroso”.
Recordó que para convertir en ley esta norma se necesita el respaldo de 87 legisladores en el pleno del Congreso, y además que sea aprobada en dos legislaturas ordinarias.
Javier Diez Canseco, de Gana Perú, opinó que los delitos contra el patrimonio del Estado deben recibir el mismo tratamiento constitucional que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de violación sistemática de los derechos humanos.
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