BAGUAZO ES CULPA DEL GOBIERNO CONFIRMA CABLE WIKILEAKS
La evaluación de la Embajada de Estados Unidos sobre los hechos luctuosos de Bagua, revelada por Wikileaks, coincide con un informe del Congreso según el cual los graves sucesos –con un saldo de 23 policías muertos y uno desaparecido, así como 10 civiles fallecidos- se debieron en gran parte a e
rrores del gobierno.
El congresista nacionalista Víctor Isla, autor de un dictamen en minoría de la comisión investigadora sobre los hechos de Bagua, declaró a LA PRIMERA que la responsabilidad del Gobierno quedó establecida en su informe por minoría, que encontró responsabilidad gubernamental no sólo política sino también penal, la misma que alcanza al presidente Alana García y a cuatro de sus ministros.
Comunicación confidencial
El documento 09Lima1669, fechado el 25 de noviembre del año pasado, al igual que el que involucra a militares con el narcotráfico, fue redactado por el entonces embajador norteamericano Michael McKinley, y la comunicación confidencial estuvo dirigida al jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Douglas M. Fraser.
La comunicación refiere que el Perú, pese a su crecimiento económico y reducción de los niveles de pobreza, enfrenta una serie de retos de seguridad que pondrían en peligro su estabilidad y progreso continuo a causa de los conflictos sociales, el narcotráfico y la presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso.
Además de señalar la responsabilidad del Gobierno en el Baguazo, el documento también advierte la posibilidad de una supuesta injerencia extranjera, y de grupos radicales en la protesta indígena amazónica de 2009.
“El 5 de junio la violencia registrada en la ciudad amazónica de Bagua, en la que perdieron la vida 24 policías y 10 civiles, fue la más grave crisis del gobierno hasta la fecha. Si bien una serie cálculos equivocados y errores del gobierno provocaron en gran parte estos hechos, probablemente la injerencia extranjera y radical, también jugó un papel importante”, informa McKinley.
También Lomba
rdi
Pero no sólo el informe del congresista Isla establece responsabilidad del Gobierno. El presidente de la comisión investigadora, Guido Lombardi (Unidad Nacional), también presentó un informe individual que atribuye responsabilidad a las principales autoridades del gobierno, entre ellas la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien hace pocos días fue denunciada ante la Fiscalía por los deudos de los policías muertos.
Lombardi también señaló responsabilidades políticas de los ex ministros Yehude Simon y de la actual candidata presidencial del partido de gobierno, Mercedes Aráoz, por no cumplir con su obligación de someter los decretos legislativos lesivos para los indígenas a la consulta previa señalada en el Convenio 169 de la OIT.
En el informe de Isla, la responsabilidad de Aráoz también es penal y se le responsabiliza por el delito contra la fe pública–falsedad genérica, por mentir de manera deliberada sobre el efecto real de la derogación de los decretos legislativos cuestionados. “Hay razones suficientes para creer que su temeraria afirmación dio lugar a una actitud todavía más rígida e inflexible del Poder Ejecutivo en relación a las protestas amazónicas”, dice el informe.
Según Isla, la hoy candidata aprista señaló que si no se derogaban los decretos legislativos se iba a anular el TLC con Estados Unidos, lo cual fue desmentido, precisamente, por el embajador McKinley en una reunión que sostuvo con el entonces premier, Yehude Simon, cuyo testimonio obra en poder de la comisión.
A más de siete meses de presentados estos dos informes , ni éstos ni otros dos derivados de la comisión encargada de investigar los sucesos de Bagua, han sido puestos a debate en el pleno y la legislatura culmina hoy. “Están durmiendo el sueño de los justos”, dijo Isla a este diario.
La evaluación de la Embajada de Estados Unidos sobre los hechos luctuosos de Bagua, revelada por Wikileaks, coincide con un informe del Congreso según el cual los graves sucesos –con un saldo de 23 policías muertos y uno desaparecido, así como 10 civiles fallecidos- se debieron en gran parte a e
rrores del gobierno.El congresista nacionalista Víctor Isla, autor de un dictamen en minoría de la comisión investigadora sobre los hechos de Bagua, declaró a LA PRIMERA que la responsabilidad del Gobierno quedó establecida en su informe por minoría, que encontró responsabilidad gubernamental no sólo política sino también penal, la misma que alcanza al presidente Alana García y a cuatro de sus ministros.
Comunicación confidencial
El documento 09Lima1669, fechado el 25 de noviembre del año pasado, al igual que el que involucra a militares con el narcotráfico, fue redactado por el entonces embajador norteamericano Michael McKinley, y la comunicación confidencial estuvo dirigida al jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Douglas M. Fraser.
La comunicación refiere que el Perú, pese a su crecimiento económico y reducción de los niveles de pobreza, enfrenta una serie de retos de seguridad que pondrían en peligro su estabilidad y progreso continuo a causa de los conflictos sociales, el narcotráfico y la presencia de grupos terroristas como Sendero Luminoso.
Además de señalar la responsabilidad del Gobierno en el Baguazo, el documento también advierte la posibilidad de una supuesta injerencia extranjera, y de grupos radicales en la protesta indígena amazónica de 2009.
“El 5 de junio la violencia registrada en la ciudad amazónica de Bagua, en la que perdieron la vida 24 policías y 10 civiles, fue la más grave crisis del gobierno hasta la fecha. Si bien una serie cálculos equivocados y errores del gobierno provocaron en gran parte estos hechos, probablemente la injerencia extranjera y radical, también jugó un papel importante”, informa McKinley.
También Lomba
rdiPero no sólo el informe del congresista Isla establece responsabilidad del Gobierno. El presidente de la comisión investigadora, Guido Lombardi (Unidad Nacional), también presentó un informe individual que atribuye responsabilidad a las principales autoridades del gobierno, entre ellas la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, quien hace pocos días fue denunciada ante la Fiscalía por los deudos de los policías muertos.
Lombardi también señaló responsabilidades políticas de los ex ministros Yehude Simon y de la actual candidata presidencial del partido de gobierno, Mercedes Aráoz, por no cumplir con su obligación de someter los decretos legislativos lesivos para los indígenas a la consulta previa señalada en el Convenio 169 de la OIT.
En el informe de Isla, la responsabilidad de Aráoz también es penal y se le responsabiliza por el delito contra la fe pública–falsedad genérica, por mentir de manera deliberada sobre el efecto real de la derogación de los decretos legislativos cuestionados. “Hay razones suficientes para creer que su temeraria afirmación dio lugar a una actitud todavía más rígida e inflexible del Poder Ejecutivo en relación a las protestas amazónicas”, dice el informe.
Según Isla, la hoy candidata aprista señaló que si no se derogaban los decretos legislativos se iba a anular el TLC con Estados Unidos, lo cual fue desmentido, precisamente, por el embajador McKinley en una reunión que sostuvo con el entonces premier, Yehude Simon, cuyo testimonio obra en poder de la comisión.
A más de siete meses de presentados estos dos informes , ni éstos ni otros dos derivados de la comisión encargada de investigar los sucesos de Bagua, han sido puestos a debate en el pleno y la legislatura culmina hoy. “Están durmiendo el sueño de los justos”, dijo Isla a este diario.
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