EX MINISTROS Y DIRECTORIO DE PERÚPETRO DENUNCIADOS POR EL FRAUDE EN CAMISEA
Contraloría remitió el informe sobre fraude tributario a la 4º Fiscalía de delitos de corrupción a cargo de Marlene Berrú, así como a Perúpetro y Congreso. denuncia que establece responsabilidad de ex ministros duerme el sueño de los justos.
Hace más de un año, la Contraloría General de la República sí tomó acciones legales contra el Consorcio Camisea y llegó a remitirle al Ministerio Público (MP) el informe especial (Nº 220-2008-SC/SP-EE) en el que comprueba que desde el año 2004, Pluspetrol –empresa que lidera el Consorcio Camisea– viene sobrevalorando sus costos de producción y transporte en cada barril líquido que extraía de Gas Natural. Dicho informe también fue remitido a Perúpetro, empresa que asegura, representa y defiende los intereses nacionales.
“Mediante la Resolución Nº 395-2008-CG, del 7 octubre 2008 (…) se autoriza a la Procuradora Pública de la Contraloría –la doctora Nelly Malarín- para que en representación del Estado formule y gestione la denuncia constitucional con los ex ministros y autoridades del Estado a quienes se les encontró responsabilidad. Pero antes de iniciar las acciones legales, se remitió a Perúpetro una copia del informe (Nº 220-2008) poniendo en su conocimiento sobre la sobrevaloración de costos”, aseguraron a LA PRIMERA voceros de la Contraloría.
Los voceros de la Contraloría reiteraron ante este diario las conclusiones de su informe (Nº 220-2008-SC/SP-EE), así recalcaron la sobrevaloración de costos en la producción de los líquidos derivados del Gas Natural. Explicaron que el costo de producción y transporte de US$ 2.88 por cada barril que fijan en su informe –mientras que el Consorcio Camisea por el mismo concepto lo valoriza en US$ 6.40- lo establecieron en base a información de Perúpetro.
“En base al Anexo del Informe Técnico Legal Nº CONT-GFNE N858-2004 del 30 junio 2004 y Contrato de Licencia del Lote 56, se estableció el costo (de producción y transporte) en US$ 2.88”, dijeron.
Incluso en una rápida estimación dijeron “que el perjuicio para el Estado es de aproximadamente US$ 1.47”. Es decir, que el erario nacional deja de recaudar –según dicha estimación- por concepto de regalías US$ 1.47 por cada barril de líquidos derivados del Gas Natural que el Consorcio Camisea produce. Se estima que el Consorcio produce aproximadamente más de 105 mil barriles.
Anteriormente el especialista Manuel Dammert estimó que la defraudación al fisco por la adulteración de los costos de producción –en el periodo 2004 al 2010- supera los US$ 381 millones.
¿Qué pasó con el informe?
En julio del año pasado, la congresista Susana Vilca solicitó una copia del informe especial a la Contraloría en el que advierte de la adulteración de los costos de producción.
En respuesta, la parlamentaria recibió un oficio (Nº 00360-2009-CG/DC) firmado por el propio vicecontralor de entonces, Carlos Lezameta Escribens, quien se excusó de proporcionarle la documentación a Vilca, debido a que ya se habían tomado acciones legales ante la Fiscalía.
El funcionario le indicó a la parlamentaria –en ese entonces- que el informe ya estaba en manos de la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios, y que ya existía una investigación preliminar de por medio.
Lezameta, añadió que hasta la fecha (hablamos del 15 de julio de 2009) dicha fiscalía –cuya actual titular es Marlene Berrú– no había formalizado ninguna denuncia. No obstante, el vicecontralor le adjuntó la síntesis gerencial del informe que forma parte del examen especial que el organismo realizó a Perúpetro, específicamente en el proceso de contratación del lote 56.
Los voceros de la Contraloría confirmaron a LA PRIMERA lo afirmado por la congresista nacionalista, pero dijeron que el informe especial (Nº 220-2008), a la fecha, ha sido remitido a diferentes comisiones del Legislativo a pedido de los parlamentarios, sin embargo los parlamentarios no hicieron mucho.
“La Contraloría defendió los intereses del Estado hasta el 12 de octubre de 2009, fecha en que por disposición del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (Ministerio de Justicia) dejamos de representar a los peruanos. En esa fecha la denuncia constitucional fue acogida por la Procuraduría Anticorrupción. Por ello no tenemos información actualizada a menos que solicitemos a la Procuraduría información sobre la denuncia constitucional Nº 134 generada contra el ex ministro Jaime Quijandría Salmón y los demás funcionarios involucrados”, precisó la Contraloría.
Añadió “que la denuncia también se presentó ante el Congreso, en donde la archivaron porque el trámite según argumentaron no debía hacerse a nivel de la Procuraduría”.
denuncia y responsables
La Contraloría determinó que en esta sobrevaloración se han cometido una lista de delitos tales como: abuso de autoridad, de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y aprovechamiento indebido del cargo (o negociación incompatible con el cargo). Entre los culpables, el órgano máximo de control del Estado ha identificado a los ministros de las carteras de Economía, y de energía y Minas, Pedro Pablo Kuczynski y Jaime Quijandría, ambos del régimen toledista.
Asimismo ha determinado culpabilidad de los miembros del directorio de Perúpetro de aquella época (año 2004): Antonio Cueto Duthurburú (presidente), José Abrámovitz del Mar, Wilfredo Salinas Ruiz Cornejo, Gustavo Navarro Valdivia y Luis Ortigas Cúneo; al igual que al gerente general y de contratos, Rodolfo Stümpfle Guimaraes y José Chávez Cáceres. En las responsabilidades también figuran José Coz Calderón, Luis Carrillo Barandiarán, Julio Icaza Napurí y Liliana Callirgos Ruiz, todos miembros de la Comisión de Trabajo-Negociación Lote 56 que se conformó por Perúpetro.
Según indica el informe, todos estos funcionarios que participaron en el proceso de Contratación del lote 56 avalaron sin sustento el Informe Técnico Económico Legal (Nº CONT-GFNENº 858-2004) que sirvió de sustento para elaborar y suscribir el contrato con Camisea, el mismo que hoy se encuentra en renegociación con el Estado.
Buscan frenar exportación de gas del lote 88
En defensa de los intereses de la Nación y de todos los peruanos, la congresista nacionalista Susana Vilca Achata presentó ante el Poder Judicial una demanda para anular el Decreto Supremo Nº 050-2005-EM que autorizó en forma ilegal a PERÚPETRO S. A. negociar y concertar la modificación del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88 del Gas de Camisea.
La demanda de Acción Popular, con el expediente N° 09986-2010-0-1801-SP-CI-04, fue presentada el 6 de diciembre del presente año, ante la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, pidiendo se declare la nulidad de la Adenda de dicho Contrato, conforme establece el Artículo 81º del Código Procesal Constitucional.
Recalcó que al anularse la Adenda del Contrato, el Perú recuperará por lo menos 2.3 TCF de gas del Lote 88 que prácticamente ya estaban reservados para la exportación, teniendo en cuanta que el Lote 56 solo cuenta con 1.9 TCF, mientras la exportación requiere un volumen de 4.2 TCF.
“Todo esta claro que las reservas del Lote 88 han sido comprometidas para la exportación, puesto que las reservas del Lote 56 no son suficientes para cumplir el compromiso de exportación del Consorcio Camisea, por eso aquellos malos peruanos contrariando nuestras leyes modificaron el contrato. Hoy somos testigos de que el consorcio Camisea ya no quiere vender el gas para los industriales nacionales”, remarcó la congresista Puneña
Contraloría remitió el informe sobre fraude tributario a la 4º Fiscalía de delitos de corrupción a cargo de Marlene Berrú, así como a Perúpetro y Congreso. denuncia que establece responsabilidad de ex ministros duerme el sueño de los justos.
Hace más de un año, la Contraloría General de la República sí tomó acciones legales contra el Consorcio Camisea y llegó a remitirle al Ministerio Público (MP) el informe especial (Nº 220-2008-SC/SP-EE) en el que comprueba que desde el año 2004, Pluspetrol –empresa que lidera el Consorcio Camisea– viene sobrevalorando sus costos de producción y transporte en cada barril líquido que extraía de Gas Natural. Dicho informe también fue remitido a Perúpetro, empresa que asegura, representa y defiende los intereses nacionales.
“Mediante la Resolución Nº 395-2008-CG, del 7 octubre 2008 (…) se autoriza a la Procuradora Pública de la Contraloría –la doctora Nelly Malarín- para que en representación del Estado formule y gestione la denuncia constitucional con los ex ministros y autoridades del Estado a quienes se les encontró responsabilidad. Pero antes de iniciar las acciones legales, se remitió a Perúpetro una copia del informe (Nº 220-2008) poniendo en su conocimiento sobre la sobrevaloración de costos”, aseguraron a LA PRIMERA voceros de la Contraloría.
Los voceros de la Contraloría reiteraron ante este diario las conclusiones de su informe (Nº 220-2008-SC/SP-EE), así recalcaron la sobrevaloración de costos en la producción de los líquidos derivados del Gas Natural. Explicaron que el costo de producción y transporte de US$ 2.88 por cada barril que fijan en su informe –mientras que el Consorcio Camisea por el mismo concepto lo valoriza en US$ 6.40- lo establecieron en base a información de Perúpetro.
“En base al Anexo del Informe Técnico Legal Nº CONT-GFNE N858-2004 del 30 junio 2004 y Contrato de Licencia del Lote 56, se estableció el costo (de producción y transporte) en US$ 2.88”, dijeron.
Incluso en una rápida estimación dijeron “que el perjuicio para el Estado es de aproximadamente US$ 1.47”. Es decir, que el erario nacional deja de recaudar –según dicha estimación- por concepto de regalías US$ 1.47 por cada barril de líquidos derivados del Gas Natural que el Consorcio Camisea produce. Se estima que el Consorcio produce aproximadamente más de 105 mil barriles.
Anteriormente el especialista Manuel Dammert estimó que la defraudación al fisco por la adulteración de los costos de producción –en el periodo 2004 al 2010- supera los US$ 381 millones.
¿Qué pasó con el informe?
En julio del año pasado, la congresista Susana Vilca solicitó una copia del informe especial a la Contraloría en el que advierte de la adulteración de los costos de producción.
En respuesta, la parlamentaria recibió un oficio (Nº 00360-2009-CG/DC) firmado por el propio vicecontralor de entonces, Carlos Lezameta Escribens, quien se excusó de proporcionarle la documentación a Vilca, debido a que ya se habían tomado acciones legales ante la Fiscalía.
El funcionario le indicó a la parlamentaria –en ese entonces- que el informe ya estaba en manos de la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios, y que ya existía una investigación preliminar de por medio.
Lezameta, añadió que hasta la fecha (hablamos del 15 de julio de 2009) dicha fiscalía –cuya actual titular es Marlene Berrú– no había formalizado ninguna denuncia. No obstante, el vicecontralor le adjuntó la síntesis gerencial del informe que forma parte del examen especial que el organismo realizó a Perúpetro, específicamente en el proceso de contratación del lote 56.
Los voceros de la Contraloría confirmaron a LA PRIMERA lo afirmado por la congresista nacionalista, pero dijeron que el informe especial (Nº 220-2008), a la fecha, ha sido remitido a diferentes comisiones del Legislativo a pedido de los parlamentarios, sin embargo los parlamentarios no hicieron mucho.
“La Contraloría defendió los intereses del Estado hasta el 12 de octubre de 2009, fecha en que por disposición del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (Ministerio de Justicia) dejamos de representar a los peruanos. En esa fecha la denuncia constitucional fue acogida por la Procuraduría Anticorrupción. Por ello no tenemos información actualizada a menos que solicitemos a la Procuraduría información sobre la denuncia constitucional Nº 134 generada contra el ex ministro Jaime Quijandría Salmón y los demás funcionarios involucrados”, precisó la Contraloría.
Añadió “que la denuncia también se presentó ante el Congreso, en donde la archivaron porque el trámite según argumentaron no debía hacerse a nivel de la Procuraduría”.
denuncia y responsables
La Contraloría determinó que en esta sobrevaloración se han cometido una lista de delitos tales como: abuso de autoridad, de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y aprovechamiento indebido del cargo (o negociación incompatible con el cargo). Entre los culpables, el órgano máximo de control del Estado ha identificado a los ministros de las carteras de Economía, y de energía y Minas, Pedro Pablo Kuczynski y Jaime Quijandría, ambos del régimen toledista.
Asimismo ha determinado culpabilidad de los miembros del directorio de Perúpetro de aquella época (año 2004): Antonio Cueto Duthurburú (presidente), José Abrámovitz del Mar, Wilfredo Salinas Ruiz Cornejo, Gustavo Navarro Valdivia y Luis Ortigas Cúneo; al igual que al gerente general y de contratos, Rodolfo Stümpfle Guimaraes y José Chávez Cáceres. En las responsabilidades también figuran José Coz Calderón, Luis Carrillo Barandiarán, Julio Icaza Napurí y Liliana Callirgos Ruiz, todos miembros de la Comisión de Trabajo-Negociación Lote 56 que se conformó por Perúpetro.
Según indica el informe, todos estos funcionarios que participaron en el proceso de Contratación del lote 56 avalaron sin sustento el Informe Técnico Económico Legal (Nº CONT-GFNENº 858-2004) que sirvió de sustento para elaborar y suscribir el contrato con Camisea, el mismo que hoy se encuentra en renegociación con el Estado.
Buscan frenar exportación de gas del lote 88
En defensa de los intereses de la Nación y de todos los peruanos, la congresista nacionalista Susana Vilca Achata presentó ante el Poder Judicial una demanda para anular el Decreto Supremo Nº 050-2005-EM que autorizó en forma ilegal a PERÚPETRO S. A. negociar y concertar la modificación del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88 del Gas de Camisea.
La demanda de Acción Popular, con el expediente N° 09986-2010-0-1801-SP-CI-04, fue presentada el 6 de diciembre del presente año, ante la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, pidiendo se declare la nulidad de la Adenda de dicho Contrato, conforme establece el Artículo 81º del Código Procesal Constitucional.
Recalcó que al anularse la Adenda del Contrato, el Perú recuperará por lo menos 2.3 TCF de gas del Lote 88 que prácticamente ya estaban reservados para la exportación, teniendo en cuanta que el Lote 56 solo cuenta con 1.9 TCF, mientras la exportación requiere un volumen de 4.2 TCF.
“Todo esta claro que las reservas del Lote 88 han sido comprometidas para la exportación, puesto que las reservas del Lote 56 no son suficientes para cumplir el compromiso de exportación del Consorcio Camisea, por eso aquellos malos peruanos contrariando nuestras leyes modificaron el contrato. Hoy somos testigos de que el consorcio Camisea ya no quiere vender el gas para los industriales nacionales”, remarcó la congresista Puneña
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