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TRABAJADORA DE SALA PENAL NACIONAL VULNERÓ DERECHO DE PETICIÓN AL RECHAZAR RECEPCIÓN DE MEMORIAL EN CASO JAIME AYALA El 04 de agosto de 2014, en Lima, región Lima, una trabajadora de la mesa de partes de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial del Perú vulneró el derecho de petición al rechazar la recepción de un memorial en el que se demandaba acción efectiva en el proceso que se sigue en esos fueros por la desaparición forzada del periodista Jaime Ayala Sulca.

El documento que estaba firmado por la viuda de Jaime Ayala Sulca y una lista importante de periodistas fue objetado por la trabajadora quien se negó a recibir el documento, a pesar de que uno de sus compañeros de área le recomendó que lo hiciese.
La responsable alegó que el documento no cumplía con los requisitos formales que exige el Poder Judicial, como precisar el número de expediente -lo que se demostró estaba detallado en el primer párrafo- y el no haber consignado una “sumilla”. Esto a pesar que el mismo no era un escrito  judicial, sino una solicitud  que se ejercía en forma colectiva, fundada en derecho, y que cumplía con requisitos básicos de todo texto, el cual le permita a la autoridad competente dar una respuesta.

El derecho de petición en el Perú lo cautela la Constitución Política en su  artículo 2, inciso 20, por lo que la no aceptación del memorial constituye una evidente vulneración a la ley.  Por ello, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú exhortó a las autoridades de la Sala Penal Nacional a capacitar a los operadores de justicia  no sólo en reglas básicas de comportamiento emocional frente al público, sino de conocimiento sobre derechos humanos,  pues la competencia de esta Sala Penal Nacional así lo exige.

El reciente jueves 7 de agosto, en comunicación por escrito, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha solicitado audiencia con la Dra. Inés Villa Bonilla, presidenta de la Sala Penal Nacional, con el fin de expresar preocupación institucional por la excesiva demora en el inicio del juicio oral en el caso Ayala Sulca. Esto, a pesar que en el 2011 el Estado Peruano se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a resolver el caso con celeridad.

El gremio en su conjunto, así como la familia de Jaime Ayala Sulca, corresponsal del diario La República desaparecido hace 30 años, exigen justicia y que se conozca la verdad. Por tanto, el pedido de acción efectiva para que el juicio se lleve a cabo y no se dilate más es un derecho.