MANIFESTANTES DESTRUYEN MATERIAL PERIODÍSTICO E INSULTAN Y AGREDEN A PERIODISTAS
El 1 de agosto de 2012, en la provincia de San Román, departamento de Puno, las periodistas Olimpia Mamani Callata, de Pachamama Radio; Noemí Calsina, del canal 21, de Juliaca; Rina Yanapa Mamani, de TV Sur, Canal 4, así como el periodista Luis Javier Pocohuanca Hilari, de CTV Collasuyo, Canal 55, fueron atacados por manifestantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, base Azángaro.
Los periodistas se encontraban dando cobertura informativa a un plantón realizado por docentes apostados alrededor del aeropuerto Manco Cápac quienes tuvieron un duro enfrentamiento con efectivos del orden al intentar tomar las instalaciones de dicho terminal aéreo.
Los comunicadores, quienes transmitían en directo y registraban imágenes de cómo un grupo de los manifestantes destruían el cerco perimétrico del aeropuerto, fueron atacados por una turba de aproximadamente cincuenta personas, quienes les rodearon y durante 30 minutos los sometieron a insultos y empujones para que les entregaran el material filmado.
Al oponer resistencia el periodista de CTV, Canal 55, fue pateado varias veces por dos de los manifestantes. Finalmente soltó su cámara y le destruyeron su material. Ante la evidente amenaza de correr la misma suerte las otras periodistas entregaron sus cintas de grabación para que pudieran salir de ese lugar y preservaran su integridad física.
Los periodistas presentaron denuncia y pedido de garantías ante las autoridades respectivas, responsabilizando de estos actos a Lucio Callo Callata, secretario General del SUTEP departamental Puno, quien deberá deslindar responsabilidad y sindicar a los responsables materiales de este ataque contra la vida y salud de las periodistas, así como, por impedir el del trabajo periodístico, coartar el derecho a la información que tiene la población y por la destrucción del material periodístico.
La Asociación Provincial de Periodistas de Juliaca (ANP Juliaca) se solidarizó con los colegas agredidos e invocó a las autoridades judiciales, políticas y policiales a investigar los hechos a fin de determinar responsabilidades y establecer las sanciones pertinentes a los autores materiales e intelectuales de la agresión física y retención de colegas que sólo cumplían su misión de informar
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