MUERTO POR EL GOBIERNO PERUANO

EL GREMIO DE LA PRENSA GUARDÓ UN MINUTO DE SILENCIO QUE SE LLEGUE A LA VERDAD, DEMANDA FAMILIA DE PERIODISTA HUGO BUSTÍOS

Margarita Patiño, la esposa del extinto periodista Hugo Bustíos Saavedra, demandó justicia, que se llegue a la verdad, después de casi 26 años de ocurrido el execrable asesinato en la localidad de Erapata, en la cercanía de la ciudad de Huanta, Ayacucho. Visiblemente acongojada manifestó que existen cicatrices que no se han cerrado y que pese al tiempo transcurrido, la administración de justicia se ha tornado lenta toda vez que se está a la espera de la audiencia oral que debe de ventilarse en el fuero penal.
No nos asiste ningún espíritu de venganza ni de rencor. Lo que estamos exigiendo es que no queden en la impunidad hechos de esta naturaleza, que involucran a personajes como Daniel Urresti Elera, quien actualmente, a pesar de conocer mucho de lo ocurrido aquel lejano 26 de noviembre de 1988, ahora, en la práctica, tiene la protección del poder político. Y eso es lo inexplicable cuando se cuenta con un Estado donde existen leyes que contienen deberes y derechos y también es inaceptable porque después de la muerte de Hugo Bustíos, quien fue corresponsal de la revista Caretas, hay una familia que ha tenido que hacer grandes esfuerzos para afrontar el problema en el desamparo.
Las declaraciones de Margarita Patiño se produjeron luego del minuto de silencio que guardaron los periodistas a lo largo y ancho del territorio nacional, en ocasión del 86 aniversario de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, gremio al que pertenecía el fallecido comunicador y que, además ejercía el cargo de presidente de la Asociación Provincial de Periodistas de Huanta.
En términos similares formuló declaraciones Rosa Pallqui, esposa de Jaime Ayala Sulca, periodista desaparecido en el año 1984, cuando se presentó en el cuartel acantonado en Huanta para solicitar la devolución de sus archivos periodísticos, los mismos que habían sido requisados en medio de los excesos ocurridos durante los años en que el terrorismo asolaba al Perú. Manifestó que así como el caso Bustíos, lo mismo sucede con el caso de Jaime Ayala, cuyo proceso judicial no avanza y se encuentra a la espera de la audiencia respectiva para el juicio oral.
Alcira Velásquez vda. de Sedano, el reportero gráfico del diario La República, que conjuntamente con otros siete colegas fue asesinado en Uchuraccay, declaró que era menester del gobierno mostrar su respeto por la libertad de prensa, con hechos concretos, como es el caso de Hugo Bustíos, en el que su familia se siente desalentada porque no se hace justicia ni se sanciona como corresponde a quienes cegaron la vida del conocido reportero.
Al igual que en otras redacciones, de diarios impresos, digitales, emisoras radiales, revistas, se cumplió la jornada gremial demandando un paso al costado del cuestionado funcionario público Daniel Urresti. En el diario La República se registró uno de los actos más sentidos. Hombres y mujeres que forman parte de la plana de redacción, se plegaron al minuto de silencio y exteriorizaron, acompañados de familiares de un grupo de los periodistas asesinados y desaparecidos, su rechazo a la impunidad en la muerte de los periodistas.
El minuto de silencio, un acontecimiento inédito por su envergadura a nivel nacional, se cumplió en todas las regiones del país. En la capital de la república periodistas venidos de diferentes provincias se dieron cita en la Iglesia de La Merced, en pleno centro de la ciudad de Lima, en donde luego de la misa celebrada, se llevó a cabo la jornada convocada por la ANP. Omar Pérez, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social, que agrupa a los sindicatos independientes, manifestó que su organización se plegaba al acto con el objeto de exigir justicia para los periodistas, que en cumplimiento de su deber, como fue el caso de Bustíos, han perdido la vida. Del mismo modo, la periodista Mary Espinoza, procedente de Satipo, declaró que era inaceptable que las autoridades actuaran con tanta lenidad y que, por tanto, eso hacía temer, como ya ha ocurrido en la peor etapa del autoritarismo en el siglo pasado, que hechos de esta naturaleza no sancione a los culpables intelectuales y materiales de los crímenes de periodistas.
Los dirigentes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, encabezados por su presidente Roberto Mejía Alarcón, recalcaron que la renuncia del actual ministro del Interior es una cuestión de moral pública, que no se trataba de oponerse a las acciones que podrían servir para poner atajo a la criminalidad en el país, sino más bien de llamar la atención del gobierno para que en cargos tan delicados como el de la seguridad ciudadana y la persecución de los delincuentes corresponda a ciudadanos que no tienen ningún problema con la ley. El caso Daniel Urresti preocupa porque se trata de alguien que se encuentra involucrado a raíz de la acusación que corre en autos del expediente del crimen de Hugo Bustíos y que, por eso mismo, en defensa de su propio honor personal, le corresponde evitar que haya confusión sobre su función como ministro político y un supuesto blindaje del régimen, amparado en una presunción de inocencia.