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EN LO QUE VA DE LA GESTIÓN DEL DR. JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES COMO FISCAL DE LA NACIÓN.

32 FUNCIONARIOS HAN SIDO DENUNCIADOS POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

En lo que va de la actual gestión del Fiscal de la Nación, Dr. José Antonio Peláez Bardales, el Ministerio Público ha denunciado a 32 funcionarios por el delito de enriquecimiento ilícito, informó hoy el programa de televisión Los Fiscales.

De dicha cifra, 17 denuncias han responsabilizado a alcaldes y regidores de diversas partes del interior del país, quienes han tratado, al igual que el resto de casos, de esconder sus ilegales ingresos valiéndose de negocios de fachadas o del uso de familiares como testaferros.

Asimismo, se informó que en el año 2011, la Oficina de Enriquecimiento Ilícito adscrita al despacho del Fiscal de la Nación, recibió 102 denuncias por este delito y en lo que va del año ya ha registrado 74.

La fiscal provincial, Mónica Silva Escudero, adscrita el Despacho del Fiscal de la Nación, indicó que este delito se configura cuando un funcionario, abusando de su cargo, incrementa su patrimonio de manera ilícita en relación a sus ingresos legítimamente percibidos.

Explicó que dicho delito se configura bajo dos factores: primero, el abuso del cargo, es decir el uso indebido de las facultades o prerrogativas para procurarse un provecho económico y, segundo, el incremento patrimonial que muestra el funcionario en relación a los ingresos o remuneraciones que percibe él y su cónyuge.

Acotó que el primer factor permite investigar a los presuntos responsables después que han dejado de trabajar para el Estado, pues, antes solo se permitía hacerlo cuando el servidor mostraba signos exteriores de riqueza durante el ejercicio de la función.

Además, precisó que el delito se puede evidenciar no solo con el incremento del patrimonio (casa y vehículo nuevos), sino con los viajes y la cancelación de deudas de manera rápida.

En tal sentido, indicó que una pauta para iniciar las diligencias es la declaración jurada de bienes y rentas del servidor público.

Indicó que los casos más comunes se encuentran en provincias, donde se denuncian a los alcaldes o regidores por contar con vehículos u otros patrimonios que no guardan relación con sus ingresos.

Por su parte, Carlos Nivín Valdiviezo, fiscal adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, precisó que siendo el enriquecimiento ilícito un delito muy complejo, la única autoridad competente para intervenir y formular cargos es el propio Fiscal de la Nación, de acuerdo a la Constitución.

Por ello, refirió, se ha organizado un área especializada para atender todas las denuncias de este tipo a nivel nacional y bajo el nuevo Código Procesal Penal que se encuentra vigente desde junio del año pasado para los delitos de corrupción de funcionarios.

Dicha área, explicó, se encuentra formada por un equipo de fiscales provinciales bajo el mando de un fiscal superior que da cuenta e informa directamente al titular del Ministerio Público.